El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso la iniciativa de proyecto que decreta la reforma del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego con el fin de adicionar como agravante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, llamadas comúnmente “drones” para evitar, prevenir y castigar hasta con 30 años la violencia generada con estos vehículos.
A través de la iniciativa, el gobierno de López Obrador argumenta que los motivos de la propuesta se basan en que la legislación actual “no sanciona de manera eficiente y proporcional las conductas que causan algún daño”. Este proyecto también pretende incorporar en la Ley Federal de Armas de Fuego las aeronaves pilotadas a distancia que tengan adaptaciones para activar armas, así como transportar o detonar explosivos.
Esta iniciativa plantea que, por este agravante, se determine una pena de entre 10 y 20 años de prisión a quien arroje explosivos o sustancias químicas desde un “dron”. Esta pena aumentaría en 50% en caso de que la persona o el bien afectado forme parte de las Fuerzas Armadas o las instituciones de seguridad, lo que llegaría a los 30 años de condena. Las conductas sancionadas abarcan también la compra, fabricación y el transporte de estos vehículos.
En uno de los apartados de la iniciativa, el Gobierno mexicano expuso que el uso de esos artefactos tecnológicos ha ido en aumento. El texto cita cuatro hechos ocurridos desde 2018 en varios puntos del país. Entre ellos, menciona como en enero de 2022, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación usaron drones para arrojar explosivos en comunidades de Michoacán; y que en febrero del mismo año el Ejército detectó vuelos no autorizados en la zona Centro de la Ciudad de México.