Presentan en la Mañanera del Pueblo los excesos del Poder Judicial

La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez dio a conocer los excesos y omisiones en las que se han visto envueltos los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) afectando así el acceso a la justicia y favoreciendo casos de nepotismo y corrupción.

Durante la Mañanera del Pueblo, dio a conocer el caso de las 21 mil personas privadas de la libertad en todo el país, quienes se encuentran en Centros Federales, de las cuales, 6 mil 97 no han recibido sentencia. 

Como ejemplo se encuentra el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16 Femenil de Morelos, en el que 415 mujeres privadas de la libertad han tenido que esperar entre uno y 17 años para poder obtener una sentencia. Del total de detenidas, el 34% lleva entre 9 y 12 años en espera de la resolución de un juzgador. 

Respecto a los amparos y suspensiones contra leyes, obras y políticas públicas en favor del pueblo de México, la titular de la Segob informó que los integrantes del Poder Judicial han obstaculizado la aplicación de estas, como en el caso de la Ley de la Industria Eléctrica, que lleva 161 suspensiones de amparo, la Ley de la Guardia Nacional, suma 5; la Ley de Minería, 5; el Fondo de Pensiones para el Bienestar, 25; la Extinción de Fideicomisos del Poder Judicial, 717 y la Reforma contra los Vapeadores, que se ha comprobado su daño a la salud, que cuenta con 240 amparos en contra. 

En cuanto a las obras públicas frenadas por integrantes del Poder Judicial se encuentra el Tren Maya con dos suspensiones de amparo. Mientras que en las políticas públicas la entrega de libros de texto gratuito en el periodo 2023-2024 suma 26 suspensiones de amparo; las áreas naturales protegidas, 5; la supresión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 73 y las conferencias matutinas, 8.

Respecto a las irregularidades en las que los integrantes del Poder Judicial se encuentran relacionados, Rosa Icela Rodríguez señaló la selección de jueces, donde se detectaron casos de corrupción en el más alto nivel de la Escuela Judicial con la venta de exámenes a un costo de 186 mil pesos. 

Los concursos de oposición, informó, han sido impugnados por los propios jueces y magistrados por la inequidad, influyentismo y falta de criterios objetivos, ya que sólo personas cercanas a éstos resultan vencedoras. 

Como ejemplo es el caso de nepotismo, se encuentra el ventilado en diciembre de 2022, cuando el Consejo de la Judicatura Federal aceptó que el 49% del personal, equivalente a 24 mil 546 trabajadores del Poder Judicial, tienen al menos a un familiar laborando dentro de este poder.

Informó que 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares dentro del Poder Judicial; lo que significa que los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares en la nómina, mientras que el 23.7% del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares trabajando en la institución. 

Asimismo, acusó de injerencia del Poder Judicial en asuntos electorales y señaló que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, convocó a una cena a la que acudió Alejando Moreno, dirigente del PRI, Santiago Creel, miembro del PAN, y magistrados electorales.

La actuación de los funcionarios del PJF ha generado inconformidades que suman más de 38 mil quejas de los años 2004 al 2023, de las cuales el 86% han sido desechadas sin iniciar una investigación. Sin embargo, de las quejas que sí se investigaron, el Consejo de la Judicatura Federal solo sancionó a 472 jueces y magistrados. 

De dichas sanciones, 292 fueron solo apercibimientos y amonestaciones; suspensiones 102; destituciones únicamente 41; 23 casos han sido merecedoras de una inhabilitación y 14 han recibido una sanción económica. 

Además, en cuanto a sus salarios, mismos que por ley deben ser menores al de la Presidenta, informó que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibe 792 mil 256 pesos mensuales. En el mismo caso se encuentran los consejeros de la Judicatura, quienes reciben 460 mil 787 pesos y un juez de distrito recibe 337 mil 575 pesos.

Sobre el estatus de las audiencias, órdenes de aprehensión, y cateos no celebrados del 20 de agosto al 30 de septiembre, debido al paro del Poder Judicial, fueron canceladas 12 mil 448 audiencias. En 16 de 31 procesos celebrados no se emitieron ordenes de aprehensión.

En tanto, de las 656 apelaciones pendientes a resolución, 52% tiene de cuatro a 23 meses sin que se haya emitido su respectiva sentencia.