El exsecretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue sentenciado a 466 meses de prisión por sus vínculos con el crimen organizado. En la sentencia redactada, se detalló que el exfuncionario mexicano “recibió millones de dólares en sobornos” por parte del Cártel de Sinaloa, esto con el objetivo de permitir el trasiego de un millón de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.
El veredicto fue anunciado por Breon Peace, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Anne Milgram, administradora de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos (DEA), y Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional.
Este destaca la importancia histórica de la sentencia dictada contra García Luna, en la lucha por la defensa de la justicia y el Estado de Derecho, confirmando su traición a la confianza pública y a las personas que juró proteger.
Asimismo, asegura que con el dictamen se lanza un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley.
"Tras años de engaño y narcotráfico destructivo, García Luna pasará casi 40 años donde debe de estar: en una prisión federal", agregó Peace.
En el juicio, de acuerdo con la sentencia, se confirmó que Genaro García Luna fue el máximo responsable de la aplicación e la ley en México, además de controlar la Policía Federal y previamente estar al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), por lo que utilizó sus influencias para beneficiar a una organización criminal.
Dentro de las actividades criminales que realizó García Luna se encuentran el facilitar el paso de los estupefacientes, proporcionar información confidencial acerca de las fuerzas de seguridad y sus investigaciones sobre el Cártel de Sinaloa y ayudar al Cártel a atacar a otras células criminales, incluyendo los servicios de la Policía Federal como” guardaespaldas” de dicha organización criminal.
Uno de los entramados revelados por las investigaciones de la Corte de Nueva York es que los miembros del Cártel de Sinaloa portaban uniformes e insignias policiales, e incluso los elementos de la Policía Federal ayudaban a los criminales a descargar los cargamentos de cocaína.
Los sobornos que recibió García Luna, de acuerdo con los testimonios, eran entregados en una “casa segura”, ubicada en la Ciudad de México, en un autolavado en Guadalajara, Jalisco, y en un restaurante francés ubicado frente a la Embajada de Estados Unidos en México.
Finalmente, cabe recordar que los últimos 6 meses de su sentencia fueron asignados debido a que mintió en una declaratoria, lo que hace referencia al año 2018 cuando solicitó la naturalización estadounidense, en la que mintió sobre su conducta criminal.
Las indagatorias sobre el caso García Luna estuvieron a cargo de la New York Strike Force, una unidad de lucha contra la delincuencia que está compuesta por organismos federales, estatales y locales, con el apoyo de la Organized Crime Drug Enforcenment Task Force y que cuenta con funcionarios y agentes de la DEA.
Además, El Dorado Task Force de HSI (siglas en inglés de Investigaciones de Seguridad Nacional), desempeñó un papel esencial, brindando el apoyo de los más de 200 miembros de las fuerzas del orden que lo conforman.