“El caso Wallace está atascado”, denuncian familiares y abogados de las víctimas tras más de 20 años

Familiares, abogados y periodistas cercanos a las víctimas del denominado “caso Wallace”, ofrecieron este 23 de abril una conferencia de prensa para denunciar que, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que señala que la declaración de Juana Hilda González Lomelí quedó desechada al ser obtenida mediante tortura, las autoridades siguen sin destrabar este caso.

Luego de que en 2005, Isabel Miranda de Wallace denunciara que supuestamente su hijo, Hugo Alberto Wallace, fue secuestrado y asesinado por una banda dedicada al crimen organizado, la cual dijo era integrada por Juana Hilda González, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Albert y Tony Castillo; las autoridades federales en 2006, ya en el sexenio de Felipe Calderón, fabricaron una serie de pruebas dudosas o poco claras, así como testimonios, los cuales se obtuvieron a través de torturas, sin embargo, tras más de 19 años. las autoridades siguen sin resolver su caso.

Este día, el periodista Ricardo Rafael, quien es autor del libro “Fabricación”, en el cual se detalla este caso, así como de múltiples notas informativas; narró la situación que se ha vivido tras la salida de Juana Hilda López Lomelí, una de las seis personas que fueron inculpadas y encarceladas por este caso y que fue liberada tras una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2025.

Ricardo Rafael denunció que las víctimas no pueden hablar, ya que, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Albert y Tony Castillo siguen sin poder acceder a micrófonos, además, Brenda Quevedo, quien está en prisión domiciliar, está indebida por el juez para hablar.

Por lo que el periodista señaló que esta conferencia fue para dar voz a las víctimas y lograr que se encuentre escucha y la empatía por estas cinco personas. 

También señaló que, en la maquinaria del sistema judicial mexicano, “el caso Wallace está asacado, ya que, el pasado mes de junio de 2025, Juana Hilda recibió una sentencia absolutoria mediante un amparo por parte de la SCJN, en la cual, la Corte dijo que la confesión que reveló Juana Hilda era una prueba invalida porque la autoridad la consiguió a través de coacción y violencia física, lo que impedía que esta prueba se utilizara en el juicio.

Según Ricardo Rafael, al caerse la confesión de Juana Hilda debería de caerse todo el caso, ya que, esta es la “prueba madre” que enlazaban a las otras supuestas pruebas que hay en el caso y que por ende serían mentiras.

“¿Qué se esperaba que pasara? […] que una vez que se cayera la prueba principal iban a encontrar las demás víctimas su libertad”, ya que, los demás detenidos también presentaron un amparo idéntico al de Juana Hilda, sin embargo, su caso no fue atraído por la SCJN y se encuentra atorado en tribunales y los colegiados siguen sin dar una fecha para desahogar su amparo.

También explicó que Jacobo Tagle y Brenda Quevedo llevan 17 y 18 años en prisión, respectivamente, sin tener una sentencia, a través de una medida cautelar para tenerlos detenidos de “manera precautoria”, lo cual, es poco visto en cualquier sistema judicial en el mundo.

“Aquí pueden pasar 18 años sin sentencia en primera estancia y a nadie le importa. Era obvio que una vez que la Corte resolviera el amparo de Juana Hilda, lo que tenía que haber hecho la Fiscalía General de la República era inhibirse de la acción penal, es decir, levantar la mano y decir ya no tengo pruebas para perseguir este caso”, señaló Ricardo Rafael.

Además, el periodista declaró que este caso probablemente sea resuelto por la vía política y no por la vía legal, ya que, “hay muchos actores que pertenecen al sistema anterior y aunque pasaron por el bautizo de los nuevos tiempos siguen cargando con responsabilidad por haber actuado mal, porque torturaron, falsificaron pruebas, engañaron y seguramente estas personas tienen mucho temor a que si se libera a los inocentes ellos van a acabar siendo procesados".

Por su parte, la abogada Ámbar Treviño, quien fue la primera en defender este caso, mencionó que desde un principio la declaración de Juana Hilda nunca se ratificó ante presencia judicial, y que años más tarde finalmente con la sentencia de la SCJN se reconoció que fue obtenida con tortura.

La abogada explicó que en la defensa de este caso hay una molestia con esta situación de la declaración, ya que, pese a que hay una determinación muy formal dentro de la sentencia que establece que todas las pruebas relacionadas con esa declaración, las cuales son: el supuesto ataque contra Hugo Alberto, la supuesta cita para secuestrarlo y hasta la acusación de la supuesta delincuencia organizada; fueron desestimadas al momento de quitar dicha declaración.

Sin embargo, hoy en día se insiste en que la resolución de Juana Hilda parece una resolución aislada que solo beneficia a quien fue liberada, por lo que, la abogada mencionó que, si supuestamente se trata de una acusación de delincuencia organizada, debería de afectar a todas las personas de este proceso.

Treviño también mencionó que “si la autoridad solo deja que pase y pase el tiempo, con los acusados en prisión resulta una injusticia grave”, ya que, existe una determinación judicial que resuelve que lo que ocurrió fue ilegal.

Otra de las participantes de esta conferencia, fue la periodista Annie Vigna, quien señaló que tras la liberación de Juana Hilda pidió una explicación a las autoridades federales del por qué no avanzaba este caso. 

De esta manera la FGR le respondió en febrero de 2026, entregándole dos páginas del estado actual de la situación, donde se señala que los acusados fueron sentenciados, menos Jacobo y Brenda, quienes se encuentran en etapa de instrucción. Además, señalan que existe una investigación contra Isabel Miranda de Wallace por falso testimonio, sin embargo, como esta persona supuestamente falleció, dicha investigación fue abandonada.

Por su parte, José Mario de la Garza, abogado de Brenda Quevedo, explicó que en 2020 se elaboró un documento en el cual la ONU establece la forma en la que se llevó a cabo la detención ilegal de Brenda, así como su tortura y la violación hacia sus derechos humanos. Lo cual generó que en 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitiera una recomendación para que se atienda el caso de Brenda.

Incluso, el abogado destacó fue hasta el año 2025, cuando la Comisión de Atención a Víctimas dio una respuesta a Brenda y a su familia, pero en ella no atiende el derecho humano de la reparación integral, como lo son el daño psicológico, económico, afectaciones, vejaciones y la salud.

Ante dicha resolución, la defensa promovió un juicio de amparo, el cual mencionó que ganaron y obtuvieron por parte de los jueces federales una declaratoria en la cual se establece que lo que hizo la Comisión de Víctimas viola los derechos humanos y no reconoce el derecho de reparación integral de Brenda y su familia.

Sin embargo, José Mario de la Garza explicó que la Comisión de Víctimas interpuso un recurso en contra de la sentencia que fue emitida por jueces federales, lo cual, dijo, llamó la atención, y hace que la sentencia de ampro no quede firme. 

El defensor de las víctimas de esta caso también hizo un llamado para que este asunto se resuelva de forma rápida y expedita “como lo establece la Constitución” y que se reconozcan los derechos humanos de Brenda y de su familia.  

La resolución de la SCJN en 2025

Cabe recordar que el 11 de julio de 2025, por mayoría de cuatro votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó los últimos 19 años en prisión por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida Isabel Miranda de Wallace.

La decisión llegó tras un amparo interpuesto por la defensa de la acusada, quien había sido sentenciada a 78 años de cárcel. 

Sin embargo, la SCJN determinó que no había pruebas suficientes para responsabilizar a González Lomelí por los hechos y que, además, hubo violaciones a su debido proceso, incluyendo presiones y amenazas para la obtención de declaraciones, cuya validez se anuló tras el fallo.

¿Qué decía la declaratoria de Juana Hilda? 

La sentencia que aprobó la Corte en 2025 relata que Juana Hilda fue detenida en 2006 a partir de testimonios de personas que dijeron haberla visto con Hugo Alberto Wallace entrando a su departamento, ubicado en Ciudad de México. 

En sus primeras declaraciones, la mujer negó haber participado en el delito. En una confesión posterior ella se “autoinculpó”, sin embargo, afirmó que lo hizo bajo amenazas de agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Por lo que, Juana Hilda aceptó en su segunda confesión que engañó a Hugo Alberto Wallace para llevarlo a su casa, donde sus “cómplices” lo esperaban para someterlo y secuestrarlo; que lo golpearon de más, al grado de provocarle un infarto, por el que murió; que descuartizaron su cuerpo con una sierra eléctrica y arrojaron sus restos al drenaje; que, antes de eso, le tomaron fotos simulando que estaba vivo para exigir un pago por su rescate a Miranda de Wallace.

La resolución de la Corte hizo notar que, antes de esa “confesión”, las autoridades catearon el domicilio de Juana Hilda, sin hallar pruebas relevantes. Incluso, se levantó el aseguramiento del inmueble y este volvió a ser rentado a otro inquilino. 

Después de la declaración de la mujer, tras la tortura y las amenazas, en una nueva diligencia, los agentes de la Procuraduría encontraron una licencia de conducir de Hugo Alberto Wallace, y la supuesta prueba “definitiva”: una gota de sangre que los supuestos captores no limpiaron de la tina del baño.

Sin embargo, ni a los jueces que emitieron la sentencia, ni a la PGR les importó que Juana Hilda alegara actos de tortura y que sus declaraciones fueran obtenidas en condiciones absolutamente ilícitas.

La propia Juana Hilda denunció ante un juez que, mientras estaba recluida en las instalaciones de la PGR, la visitaron agentes del Ministerio Público que, en ausencia de su defensa legal, la presionaron con amenazas de tortura y violación, y le dijeron que le harían daño a su madre, su hija y su hermano.

Acusaciones contra Isabel Miranda de Wallace

En 2022, Arturo Zaldívar, entonces, ministro presidente de la SCJN, denunció penalmente ante la FGR a Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación Alto al Secuestro, por fabricar pruebas para desacreditar al Poder Judicial de la Federación (PJF) y así evitar que la Primera Sala de la Corte analizara las denuncias de las personas supuestamente implicadas en la desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. 

“Toda la narrativa que ha venido tratando de imponer, sin lograrlo, la señora Wallace, no sólo es falsa, es inverosímil y prácticamente absurda. Esa historia que ella narra no sostiene, no se sostiene desde ningún punto de vista. Recordarán ustedes que yo hace un mes dije aquí que esta mujer estaba preparando pruebas, fabricando pruebas, y así ha sido. Yo ya presenté una denuncia en la Fiscalía General de la República por estos hechos, tengo confianza en que la fiscalía hará su trabajo y determinará lo que corresponda.” declaró el ministro presidente en una conferencia de prensa el 17 de agosto de 2022.  

¿Qué es el “caso Wallace”?

Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto Wallace, denunció que su hijo de 35 años desapareció la noche del 11 al 12 de julio de 2005 en la Ciudad de México. De acuerdo con las denuncias presentadas por Isabel, su hijo habría sido secuestrado a través de una cita con una mujer y posteriormente habría sido asesinado y descuartizado por un grupo de personas dedicadas al crimen organizado.

La mujer, quien también es empresaria y dueña de empresas dedicadas a la venta de publicidad en espectaculares, comenzó en aquel entonces una supuesta campaña para llevar a los supuestos secuestradores de su hijo a la cárcel.

La campaña de Isabel Miranda incluyó la colocación de varios espectaculares donde se ofrecían una recompensa y un teléfono para denunciar a los delincuentes. Por lo que, los asesinos fueron cayendo uno por uno e Isabel Miranda de Wallace, se volvió una heroína ciudadana, una mujer que había encontrado a los asesinos de su hijo además de poner en su lugar a las deslegitimadas autoridades encargadas de impartir justicia.

Miranda de Wallace consiguió la captura de Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Albert y Tony Castillo. Sin embargo, inmediatamente, la defensa de los acusados denunció irregularidades, tanto en sus detenciones como en las pruebas que fueron presentadas para lograr sus respectivas capturas.

Años más tarde, las investigaciones periodísticas denunciaron que Hugo Alberto no estaba muerto, ya que, el periodista Ricardo Raphael reveló que una declaración judicial ratificó que Hugo Alberto Wallace estaba vivo un año y un mes después de su supuesto secuestro y asesinato.

La información fue aportada por Claudia Muñóz, madre de la segunda hija de Hugo Alberto Wallace, y confirmada en una llamada telefónica al periodista el pasado mes de marzo de 2025.

De acuerdo con una de las probables hipótesis del periodista Ricardo Rafael por la cual Hugo Alberto Wallace habría fingido su muerte fue para protegerse del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie", pues habría adquirido adeudos con el que era considerado el narcotraficante más temido en aquel entonces.