Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, confirmó este 24 de octubre que ninguna institución de salud pública continúa con el uso de ventiladores de la marca Phillips que perdieron su registro sanitario tras finalizar la pandemia por COVID-19.
Durante la Mañanera del Pueblo, Buenrostro Sánchez recordó que luego de declararse la emergencia sanitaria nacional COVID-19 el 30 de marzo de 2020 la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) donó 2,000 ventiladores a diversas instituciones públicas y privadas, los cuales contaban con una autorización sanitaria para uso de emergencia.
Relató que para junio de 2021 la FDA, la agencia sanitaria de Estados Unidos, emitió una alerta por riego asociada a la espuma en ciertos modelos de ventiladores Phillips por una falla que podría liberar partículas o gases potencialmente dañinos para los pacientes, la cual fue replicada por diversas agencias sanitarias alrededor del mundo, entre ellas Cofepris. Los modelos identificados en México fueron los E30, V60, V680, TRILOGY, EV300.
Indicó que con el fin de la emergencia el 10 de mayo de 2023 "caducó" el registro, lo que implicaba que de manera inmediata todas las instituciones debieron retirar los ventiladores y la empresa ya no los podía comercializar en México. Sin embargo, su venta continúo, por lo que Cofepris realizó abrió una investigación para sancionar estas prácticas.
En este sentido, la secretaria explicó que actualmente el Gobierno Federal está verificando nuevamente que los ventiladores estén retirados y de acuerdo con los registros, ya no han ninguno funcionando en el servicio público.
Además, señaló que se lleva a cabo una estrategia jurídica integral para el resarcimiento de daños y perjuicios al pueblo y al Gobierno de México al tiempo que se mantiene colaboración con otros países para intercambiar información técnica y legal para conocer cómo se está atendiendo esta situación en otras latitudes.
Raquel Buenrostro también detalló que el IMSS Bienestar mantiene un juicio en Londres en contra de la empresa inglesa Viva Enterpises Limited para reclamar 41.4 millones de dólares más intereses por incumplimiento de contrato y engaño en la compra de 1,000 ventiladores AEON VG70 en 2020.
De acuerdo con Buenrostro Sánchez, el 4 de abril de 2020 se celebró un contrato entre el ya extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y la compañía para adquirir 1,000 ventiladores, del cual se realizó el pago el 13 de abril. Sin embargo, el 8 de mayo de 2020 se exigió la devolución del dinero más los intereses generados porque Viva Enterprises Limited no cumplió con la entrega acordada, por lo que el 19 de junio la empresa devolvió 401 mdp, equivalentes a 300 ventiladores.
A pesar de la exigencia del Gobierno de México, el 8 de julio de ese mismo año la empresa entregó 50 más y para el 1° de agosto se reportó falsamente la entrega de 515 ventiladores, a lo que el INSABI sustentó con evidencia solo haber recibido 50.
A ello, se sumó un intento por parte de la empresa de defraudar al Gobierno mexicano reportando la entrega de 465 ventiladores que en realidad provenían de otra compañía.
Ante esta situación, el Instituto presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, puesto que la compañía no entregó 650 ventiladores, la cual continúa en proceso de investigación.
La secretaria explicó que tras la extinción del INSABI, el juicio paso a manos del IMSS Bienestar, en un proceso legal por “engaño” en Londres, el cual es representado por el despacho de abogados Peters & Peters ante Tribunales Mercantiles de la Propiedad.
Además, agregó que en diciembre de este año se celebrará una audiencia previa al juicio, el cual iniciará en la segunda quincena de enero de 2026 y tendrá una duración de 14 días.
En este sentido, indicó que “es muy probable que ganemos el juicio porque la materialidad del engaño se da en la no entrega”.