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  • 05 Oct 2022
  • 14:10
  • SPR Informa 6 min

Aleja Estrategia "Juntos por la paz" a más de 25 millones de personas de adicción a las drogas

De acuerdo con el Reporte a tres años de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones (ENPA) “Juntos por la Paz”, durante 2019 y 2022, se registró un total de 25 millones 628 mil 645 personas alcanzadas en las dos millones 62 mil 693 actividades preventivas y comunitarias a nivel estatal realizadas en todo el país para evitar el abuso de substancias.  

Todos los datos expuestos en el Informe fueron proporcionados por las dependencias a través del Reporte Nacional de Salud Mental y Adicciones (RENASME), sin embargo, existieron dependencias de la administración pública federal participantes en la ENPA que no pudieron cuantificar el número de personas impactadas 

Acciones Comunitarias y de Prevención 

Por su parte, Centros de Integración Juvenil A. C. (CIJ) fue la institución con mayor registro de acciones comunitarias, ya que contó con un alcance de participación de un millón 35 mil 364 personas y un impacto de prevención con 4 millones 912 mil 924 personas. Para obtener estos resultados capacitó a un total de 43 mil 228 de personal. 

Dichas acciones realizadas por CIJ destacan: 

  • El desarrollo de sesiones informativas y foros de discusión
  • Talleres psicoeducativos
  • Sesiones informativas para familiares
  • Talleres de orientación en crianza
  • Actividades Lúdicas y recreativas
  • Cursos de capacitación
  • Atención a Trastornos mentales y por consumo de sustancias
  • Capacitación a su personal en la GI-mhGAP, la cual es una guía de intervención humanitaria destinada a ayudar a los servicios de salud generales en contextos de emergencias humanitarias, para detectar y tratar los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias psicoactivas.

 

“Juntos por la Paz” es considerado por el Gobierno de México como un compromiso para cambiar el paradigma tradicional en materia de prevención de consumo de sustancias psicoactivas bajo la perspectiva de no criminalizar a quienes deciden usarlas. Además, tiene como el objetivo principal tratar a las personas afectadas por dependencia o adicción como una población digna de derechos de protección, apoyo, inclusión y vinculación, para incorporarse a una vida saludable y productiva en todos los sentidos.