En una videoconferencia sobre la violencia obstétrica en las Américas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rebeca Ramos, Directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), expuso que el sector público de salud en México concentra más del 70% de los partos y se estima que tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica.
Entre otras cifras, una de cada dos mujeres con discapacidad menores de 20 años informó haber experimentado este tipo de violencia durante su último parto.
La especialista también planteó que tipificar que la violencia obstétrica como delito sería una problemática porque implicaría una reacción mediante acciones punitivas e individuales, y esto generaría resistencias entre personal de salud que con frecuencia enfrenta condiciones adversas para realizar su trabajo.
"Incluir a la violencia obstétrica en los códigos penales es problemático. Tipificarla como un delito implica atender estas conductas solo mediante acciones punitivas en lo individual y genera resistencias entre el personal de salud", mencionó Ramos.
La violencia obstétrica causa daño psicológico en las personas que la sufren y se ve reflejada cuando el personal de salud tiene uso del lenguaje ofensivo humillante o sarcástico durante la prestación de los servicios; se añade la falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo, también las prácticas invasivas como las cesáreas injustificadas, la esterilización no consentida o forzada, el suministro enfundado de medicamentos o el retraso de la atención médica de urgencia, por ello, la directora de GIRE puntualizó que el Estado tiene obligación de prevenir las agresiones.