El Pleno de la Cámara de Diputados votará el próximo 19 de septiembre 12 modificaciones a la Constitución en materia de seguridad pública, que incluyen una reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, y para que el Poder Legislativo pueda crear una legislación que regule las actividades de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En la Cámara de Diputados se discutirán reformas a los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución, todos estos artículos relacionados con la Guardia Nacional, tareas de seguridad pública y las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
Con el paso de la Guardia Nacional a la Sedena se busca revertir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de abril de 2023, en el que ordenó que fuera la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la dependencia que estuviera a cargo de la Guardia Nacional, ya que el artículo 21 constitucional establece que las instituciones de seguridad pública deberán ser de carácter civil.
Además, la reforma buscará modificar la fracción 31 del artículo 73 de la Constitución para establecer que el Congreso tiene facultades para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
También se pretende modificar el artículo 129 para eliminar la prohibición expresa al Ejército para desempeñar tareas civiles de seguridad, por lo que podrán participar, con la legislación correspondiente que se cree, en labores de seguridad interior. Asimismo, se plantea reformar el artículo 13 para que los órganos de justicia militar puedan admitir casos de la Guardia Nacional, con lo que se les podrá aplicar la legislación militar.
Por otra parte, se contempla que la Guardia Nacional también tenga facultades de investigación de delitos y que pueda coordinarse con los Ministerios Públicos e instituciones judiciales de los tres órdenes de Gobierno para conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.