El Departamento de Justicia de Estados Unidos reanudó este 30 de enero la divulgación de los archivos relacionados con el fallecido multimillonario y delincuente sexual Jeffrey Epstein, liberando un nuevo lote de más de 3.5 millones de páginas, así como alrededor de 2.000 videos y 180.000 imágenes sin censura.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, explicó que los documentos incluyen grandes cantidades de material pornográfico comercial y archivos incautados de dispositivos de Epstein, algunos de los cuales, según dijo, “parecen haber sido tomados por el propio Epstein o por personas de su entorno”.
La publicación se produce con retraso, ya que el Departamento de Justicia incumplió el plazo establecido por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, firmada en noviembre de 2025 por el presidente estadounidense Donald Trump, la cual ordenaba la liberación total de los documentos en un plazo de 30 días.
En una primera entrega realizada en diciembre, el Departamento de Justicia ya había publicado alrededor de 3.500 archivos que incluían documentos judiciales, correspondencia y fotografías inéditas, algunas de ellas de carácter sexual y otras identificadas como material de abuso sexual infantil.
Jeffrey Epstein fue acusado en 2019 de tráfico sexual de menores en un tribunal federal de Nueva York, pero murió en prisión antes de ser juzgado, en un caso que fue declarado suicidio y que dio pie a múltiples teorías de conspiración.
Los archivos también revelan vínculos de Epstein con figuras influyentes, entre ellas el presidente Donald Trump, el ex presidente Bill Clinton, el empresario Les Wexner y el príncipe Andrés del Reino Unido.
Aunque el nombre de Trump aparece cientos de veces en los documentos, así como en un email en el que Espstein escribió que Trump “sabía acerca de las chicas”, el mandatario ha negado cualquier implicación ilegal y no ha sido acusado formalmente en relación con el caso.
La liberación de los archivos se da tras una fuerte presión política y social para transparentar el caso, luego de que el Congreso aprobara casi por unanimidad la ley que obligó al Departamento de Justicia a hacer públicos los documentos.