Bajo lemas como “Barcelona no es Disneylandia”, “El turismo mata la ciudad” y “Turistas, váyanse a casa”, el pasado 6 de julio, miles de catalanes marcharon en contra de los efectos del turismo en la ciudad.
Además de manifestarse en las vías públicas, las protestas también incluyeron disparar con pistolas de agua a turistas en comercios, a quienes se acusa de fomentar el aumento del costo de vida en Barcelona.
Además de estas manifestaciones en Barcelona, también ha habido protestas similares en Málaga, Palma, Mallorca y las Islas Canarias, que se manifiestan en contra del turismo y que se suman a las exigencias por el derecho a la vivienda y a la ciudad por los altos precios de las rentas, el desplazamiento de las viviendas para convertirse en apartamentos para turistas por aplicaciones, como AirBnb.
Estas manifestaciones son un episodio más de las disputas que se viven en la ciudad catalana a favor del derecho de la vivienda y del disfrute de la ciudad por parte de la población local.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, promulgó el pasado 21 de junio una disposición para no conceder más licencias de uso turístico a viviendas residenciales y no renovará las existentes en noviembre de 2028. Esta medida representa que, en menos de cinco años, habrá 10 mil 101 departamentos turísticos.
"La ciudad no puede permitirse una cifra tan elevada de pisos turísticos en un contexto en el que la dificultad de acceso a la vivienda y los efectos negativos de la masificación turística son evidentes y compartidos”, argumentó el alcalde catalán del Partit dels Socialistes de Catalunya.
De acuerdo con cifras del Observatorio de Turismo de Barcelona, en 2023, la ciudad recibió un total de 15.6 millones de turistas que se suman a los 10.3 millones de toda la región de Barcelona, lo que ocasionó que la ciudad recibiera prácticamente a 26 millones de turistas solo en un año.
Estos han aportado cerca del 14% del Producto Interno Bruto (PIB) de Barcelona. Sin embargo, la contraparte de estos beneficios económicos ha sido que las rentas de apartamentos han subido 68% en los últimos diez años y el costo de comprar una casa ha subido 38%, mientras que el sueldo solo ha subido según informó el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Este proceso que se enfrenta en Barcelona se le ha denominado la “turistificación” consiste en la saturación de turistas y visitantes en lugares, que ocasionan efectos negativos en la población, como el aumento en el costo de vida, de adquisición y de renta de apartamentos. Pero además, los procesos de turistificación también afectan el derecho a las ciudades, ya que estas se van transformando al gusto de las y los turistas, en un proceso que se ha denominado de “instagramnización” de las urbes, en referencia a la red social Instagram.
“En alguna medida el turismo se ha vuelto una actividad de redes sociales, como si más que puntos de interés hubiese que recorrer puntos instagrameables para demostrar a nuestros contactos que podemos hacer lo mismo. En aras de parecerse más a los imaginarios de los turistas, las ciudades se parecen menos a sí mismas, y se han convertido en una parodia propia", escribió la abogada Carla Escoffié en su libro País sin techo.
El pasado 1 de julio, dos hermanas, una de 64 y otra de 54 años, se suicidaron en Barcelona horas antes de que fueran desalojadas de su departamento por falta de pago. Las mujeres de nombres Mercedes y Nuria saltaron de una ventana de su apartamento en la madrugada del 1 de julio, fecha en que estaba programado su desalojo, y dejaron junto a sus cartas de despedida el oficio de juzgado que ordenaba el desalojo por tener una deuda de 9 mil euros.
Este es el segundo suicidio por desalojos en viviendas. El 22 de marzo del 2024, Álex, un adulto de 70 años fue desahuciado en la provincia de Barcelona, Sabadell, y tras ser retirado de su casa, se dirigió a un parque, donde terminó con su vida.
En el caso de las dos hermanas, el Sindicat de Llogateres condenó los hechos y destacó que el suicido de dos hermanas se conoce el mismo día que se sabe que el alquiler ha aumentado de media un 10% en Cataluña (1.193 euros en Barcelona y 868 euros en el resto de Cataluña). “En los últimos 10 años, más de un millón de personas han sido desahuciadas de sus hogares en el Estado español”.