La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés) informó que a nivel mundial alrededor de 281 millones de personas viven y trabajan fuera de sus países de origen, de los cuales, la mayoría ha emigrado de manera forzada.
El Comité señaló que la cifra representa el 3.6 por ciento de la población mundial y factores como la pobreza, la falta de acceso a la atención sanitaria, a la alimentación y a la vivienda son determinantes al momento de abandonar sus hogares.
Asimismo, el órgano destacó que las personas migrantes, principalmente los irregulares, una vez que salen de sus países, se enfrentan a dificultades, como trabajo forzado y bajos salarios y tienden a ser desproporcionadamente vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación.
“Muchos migrantes no tienen acceso a opciones de migración regular, pero se ven obligados a abandonar su país de origen por motivos como la falta de acceso a sus derechos, la separación familiar, la violencia y las desigualdades por razón de género, los desastres, así como los efectos perjudiciales de la migración, el cambio climático y el deterioro del medio ambiente”, informe sobre la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares.
De igual manera, en el Informe sobre las Migraciones en el Mundo, publicado en 2024, se señaló que los migrantes enfrentan tres veces más riesgo que los nacionales de encontrarse en situaciones de trabajo forzado y que su explotación genera aproximadamente 37 mil millones de dólares en ganancias ilícitas cada año.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que los migrantes ganan aproximadamente 13 por ciento menos que los nacionales en países de ingresos altos, y cuando la comparación se hace con las mujeres, la brecha alcanza 19 por ciento, aseguró Gladys Cisneros, jefa de la Unidad de la OIT para Migración.
El Comité promueve un enfoque de la migración basado en los derechos humanos, que sitúa al migrante en el centro de las políticas y la gobernanza de la migración, y trata de garantizar que los migrantes se incluyan en todos los planes de acción y estrategias nacionales.