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El paro laboral de los trabajadores del Poder Judicial que derivó en la suspensión de sus actividades en todos los juzgados y tribunales del Poder Judicial Federal que el pasado 10 de octubre cumplió 50 días, ya ha frenó la apertura de más de 175 mil casos nuevos de todas las materias y paralizó más de un millón que se encontraban en curso.
Entre los procesos judiciales afectados se encuentran los casos de posible corrupción, y extradiciones, cuyo trámite se encuentra paralizado, incluso también hay casos de víctimas de delitos que buscaban un amparo para poder recibir apoyo.
De acuerdo con datos oficiales del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2023 del INEGI, los juzgados federales de todas las materias inician un promedio de tres mil 441 nuevos casos y asuntos, por lo que, si se toma en cuenta esa referencia, durante los 51 días de paro ya representan unos 175 mil 491 casos.
El abogado litigante Epigmenio Mendieta señaló que no solo está suspendido lo que ya estaba encima del escritorio, lo que ya estaba agendado, sino que, “además, está suspendida la admisión de todo lo que se ha generado ya en estas seis semanas”.
Mendieta también destacó que “una vez que todo se reabra se tendrá que generar mucho trabajo para reactivar todo lo que se suspendió; admitir todo lo que está pendiente y no se ha hecho estos días; más el turno normal del trabajo de la jornada. Se les va a triplicar el trabajo que tenían”.
Recordemos que, la suspensión de labores en todos los órganos del Poder Judicial Federal inició formalmente el 21 de agosto, luego de que los trabajadores acordaran suspender sus actividades como protesta en contra de la reforma al Poder Judicial, ya que, denunciaron supuestas afectaciones a la independencia judicial.
Abogados han explicado que, aunque la suspensión de labores no frena la atención de casos urgentes, esos solo son la minoría y están relacionados con procesos ya en curso. Incluso, han indicado que más del 65% de los casos nuevos que no se han iniciado es debido al paro tienen que ver con demandas de amparo.
Los juristas también explicaron que la suspensión de labores en los juzgados federales no solo afecta a los procesos en donde hay dos partes enfrentadas “sino también a personas que recurrieron a la justicia federal al considerar que sus derechos fueron violados como resultado de algún tipo de proceso legal o administrativo”.
“Tenemos amparos por la omisión de la Comisión de Victimas de emitir resoluciones de apoyos y otros donde se negó la compensación y se procedió con los recursos en contra de esa determinación. Todos esos procedimientos están detenidos, aunque hay que partir de la base de que en los casos de omisiones la primera responsable es la autoridad que no ha resuelto”, dijo la abogada especialista en víctimas Reyna Velasco.
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