El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó este 22 de mayo el Decreto 340/2025, que impone restricciones significativas al derecho a huelga en el país. La norma amplía la lista de actividades consideradas “esenciales” y crea una nueva categoría de “actividades de importancia trascendental”, que deberán garantizar un mínimo del 75% y 50% de prestación de servicios, respectivamente, incluso durante medidas de fuerza sindicales.
La medida afecta a sectores clave como salud, educación, transporte, telecomunicaciones, medios de comunicación, banca, industria alimentaria y logística, entre otros. Según el gobierno, el objetivo es asegurar el funcionamiento mínimo de servicios vitales durante conflictos gremiales.
Este decreto retoma elementos del cuestionado DNU 70/2023, que ya había intentado reformar el régimen laboral por decreto y fue declarado inconstitucional por el Poder Judicial. La nueva reglamentación vuelve a encender la polémica por el uso de instrumentos ejecutivos para alterar derechos laborales sin pasar por el Congreso.
La Confederación General del Trabajo (CGT) calificó la medida como un intento de “suprimir el derecho a huelga de un plumazo, sin debate ni análisis previo”. Además, anunció que recurrirá a la justicia para frenar la aplicación del decreto, en una estrategia similar a la que logró frenar el DNU anterior.
Diversos sindicatos y organizaciones de derechos humanos también expresaron su rechazo. Coinciden en que la norma vulnera garantías constitucionales y responde más a una estrategia de ajuste económico que a una genuina preocupación por el bienestar de la población.
Los sindicatos son una parte fundamental de la sociedad argentina por razones históricas, políticas, sociales y económicas. El movimiento sindical argentino tiene más de un siglo de historia y ha estado íntimamente ligado al desarrollo del Estado moderno.
Desde la primera mitad del siglo XX, especialmente con el peronismo a partir de 1945, los sindicatos adquirieron un rol central en la vida política. El general Juan Domingo Perón consolidó su poder con apoyo sindical, y el sindicalismo se volvió un actor institucionalizado.
Además, los sindicatos han sido pieza clave en la conquista de derechos laborales en el país del sol, actuando como un contrapeso frente al poder económico y estatal, defendiendo intereses de los trabajadores formales e informales.
Desde su llegada al poder en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei ha enfrentado dos huelgas generales y múltiples protestas sociales, especialmente en rechazo a su plan de reforma económica y a su estilo de gestión por decreto. A pesar de la resistencia, el Ejecutivo ha continuado avanzando en su agenda sin alcanzar consensos con el Poder Legislativo.
El nuevo decreto ha generado un intenso debate jurídico y político sobre los límites del poder presidencial, la legalidad de restringir el derecho a huelga sin aprobación parlamentaria y el impacto a largo plazo sobre las libertades sindicales y la protesta social en la Argentina.