La encargada de la sección “¿Quién es quién en las mentiras?”, Elizabeth García Vilchis, expuso en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador tres mentiras expuestas en el artículo de la periodista María Anastasia O'Grady, quien escribió para el diario estadounidense The Wall Street Journal un texto titulado “México coquetea con la dictadura”.
La columnista escribió: ”Entre las 20 enmiendas constitucionales propuestas por el presidente, la más perniciosa es la reforma del poder judicial, que eliminaría a los 7.293 juristas en ejercicio del país: 11 jueces de la Corte Suprema y todos los jueces de los tribunales de circuito, de distrito federal y estatales. Para reemplazar a la Suprema Corte, la legislatura controlada por Morena y el poder ejecutivo nominarían una lista de candidatos.”
Sin embargo, esto es falso, el presidente López Obrador no nominaría una lista de candidatos, sino que existiría un método de selección para que jueces y ministros se postulen y sean electos por voto popular.
En otra parte del artículo, O’Gradys escribió sobre las iniciativas que planteó el presidente López Obrador que “Las reformas abolirían la autonomía del organismo de control electoral del país, que quedaría bajo la autoridad del ejecutivo, al igual que las agencias gubernamentales que regulan la competencia en las telecomunicaciones, la energía y el mercado en general.”
Esto es falso, ninguna de las 20 reformas que envió el presidente López Obrador plantea eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral.
En el artículo, la columnista O’Grady escribió: ““si AMLO, como se le conoce al presidente, confía en la izquierdista Sheinbaum para que las aborde una vez que asuma el cargo, es posible que no se lleven a cabo de acuerdo con su plan. Ella quiere tener éxito, y aniquilar la seguridad jurídica y la separación de poderes (como lo harían las reformas de López Obrador) tal vez no esté en su lista de tareas inmediatas.”
Esto también es falso, ya que la reforma al Poder Judicial pretende por el contrario que el Poder Judicial sea realmente autónomo, separado de los poderes político, empresarial y criminal, y mantiene la independencia del Poder Legislativo.