El Dr. Carlos Augusto Jiménez Zárate, especialista en redes, sistemas complejos y neointeracción socio-digital, analizó cómo el reciente caso de drones que derivó en una restricción temporal de vuelos sobre El Paso, Texas, por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA), el 11 de febrero, terminó por detonar una nueva ola de señalamientos contra el gobierno mexicano.
Explicó que los primeros mensajes en redes sociales no precisaban el origen del cierre del espacio aéreo. Sin embargo, a las 8:28 horas, Fox News informó que drones vinculados a cárteles mexicanos habrían provocado la restricción. Minutos después, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, también mencionó a los cárteles, aunque sin ofrecer detalles adicionales.
De acuerdo con el especialista, el pico de interacción digital no se produjo con el comunicado oficial, sino cuando medios y cuentas políticas transformaron un hecho técnico en un episodio geopolítico. La conversación migró rápidamente de aviación y seguridad aérea a seguridad nacional, narcotráfico, teorías militares e incluso especulaciones sobre objetos voladores no identificados (OVNI).
En Estados Unidos, la narrativa se fragmentó en múltiples líneas que escalaron el incidente hacia escenarios de defensa y confrontación: “cartel drones breached US airspace”, “electronic warfare”, “laser technology” e incluso “UFO”. La discusión combinó periodismo, sátira y especulación técnica.
En México, en cambio, la conversación tomó un giro marcadamente político. Entre las publicaciones con mayor alcance destacaron cuentas críticas del gobienro encabezado por la presidenta Claudia Shi, que amplificaron interpretaciones como “invasión aérea”, “drones armados del narco”, “alianza gobierno-crimen” y hasta la justificación de una posible acción militar en territorio mexicano. Del otro lado, perfiles afines al oficialismo centraron el debate en exigir mayor información ante el vacío inicial.
Jiménez Zárate subrayó que el caso evidencia cómo, en entornos digitales polarizados o contra el gobierno mexicano, un evento técnico puede convertirse en un catalizador de confrontación política, donde la narrativa puede evolucionar más rápido que los hechos confirmados.