El último informe de labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reportó que, de enero de 2023 a agosto de 2025, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) integró 1,130 expedientes relaciones a casos de corrupción, a los que se sumaron 27 asuntos en trámite al 31 de diciembre de 2022, de los cuales sólo se impusieron 36 sanciones firmes en procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el Pleno o por la Presidencia de la Corte.
Las sanciones se aplicaron a personas servidoras públicas responsables de faltas administrativas, como parte de la estrategia institucional de combate a la corrupción y para asegurar que las conductas antijurídicas no queden impunes.
Además, las penalizaciones impuestas se desglosan de la siguiente manera:
Cabe señalar que adicionalmente, se registraron 11 casos en los que se consideró a personas servidoras públicas responsables de faltas administrativas, pero la autoridad resolutora se abstuvo de imponer una sanción.
De estos, 363 casos derivaron en un informe de presunta responsabilidad administrativa. Además, se emitieron 347 informes de presunta responsabilidad administrativa relacionados con incumplimientos en la presentación de declaraciones patrimoniales.
Dichos informes representan la fase en la que se presume una responsabilidad y se remiten a la autoridad substanciadora para continuar el trámite correspondiente, lo cual puede o no culminar en una sanción.
La UGIRA es la unidad encargada de la detección, prevención, investigación y combate de actos de corrupción o malas prácticas que pudieran ser cometidas por los servidores públicos del Alto Tribunal, recibiendo y tramitando quejas y denuncias sobre estos hechos.