El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, tras permanecer tres meses preso por presuntos vínculos criminales con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
Mérida Sánchez, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo, ya no aparece bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), desde el 11 de agosto, sin que el registro detalle su situación actual.

La actualización no significa necesariamente que se encuentre en libertad, ya que podría tratarse de un traslado a otro centro penitenciario o de algún procedimiento con las autoridades estadounidenses.
Detención y acusación
El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez fue detenido el pasado 5 de mayo en Arizona y tuvo una primera comparecencia ante el juez Eric J. Markovich.
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, quien ocupó el cargo entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, es uno de los 10 funcionarios y exfuncionarios cuya extradición solicita el Departamento de Justicia de Estados Unidos a México por presuntos vínculos con Los Chapitos.
Mérida Sánchez, de 66 años, está acusado, de acuerdo con la imputación del Departamento de Justicia, presentada ante el Distrito Sur de Nueva York. Se le acusa de “conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos” y “conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”.
Por los delitos que se le imputan, podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión.
Departamento de Justicia solicitó la extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa
En mayo pasado se hizo pública la solicitud de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre los que se encuentran el actual gobernador con licencia de la entidad, Rocha Moya. En una lista y solicitud sin respetar el protocolo diplomático. Ante ello, el gobierno mexicano pidió a Estados Unidos presentar las pruebas que sustentan las acusaciones.
De acuerdo con el documento, los señalados participaron en una “conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas” con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, para introducir a Estados Unidos grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
La acusación sostiene que los funcionarios protegieron a líderes del cártel de investigaciones y procesos penales, facilitaron información confidencial de fuerzas de seguridad y ordenaron a policías estatales y municipales proteger cargamentos de droga. A cambio, presuntamente recibieron millones de dólares provenientes del narcotráfico.