La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió un informe integral emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004, en el que se evidencia que no se auditó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) debido a resoluciones de invalidez emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la Mañanera del Pueblo de este 9 de mayo, Sheinbaum expuso que, de acuerdo con la ASF, la evaluación realizada por el auditor Michael W. Mackey, basada en reportes bancarios que presentaron una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados, no fue una auditoría “ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante”, contrariando las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien el pasado 30 de abril aseveró que se realizaron auditorias “independientes y profesionales”.
La mandataria también constató, según el documento, que cuando la ASF denunció estas irregularidades la SCJN declaró la invalidez de dichos oficios sobre las observaciones de créditos relacionados así como los procedimientos y las observaciones de la auditoría 199, por lo que tuvieron que cesar 52 acciones promovidas por la dependencia.
Por otra parte, la presidenta indicó que la deuda del Fobaproa se terminará de pagar hasta el año 2025 y expuso que el informe de la ASF, el órgano con mayor autoridad en nuestro país en dicha materia, evidenció la “carencia de políticas prudenciales” del Fondo.
“Tanto la LIC en su artículo 122 como el contrato constitutivo y sus modificaciones del #FOBAPROA contenían disposiciones genéricas en cuanto a los aspectos de operación del fondo. La carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo", se lee en el informe.
Además, mostró otras conclusiones de la ASF, en las que se demuestra que el Comité Técnico del Fobaproa “actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus decisiones” y que se dieron actos de “discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participaron en la conducción de los programas”.
La mandataria reiteró la importancia de que las y los mexicanos tengan acceso a esta información y, cuestionada sobre si su administración mantiene el compromiso de saldar la deuda del Fobaproa, reconoció la complejidad que implicaría dejar de pagar los bonos del IPAB para la esfera económica de nuestro país.
Además, adelantó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, asistirá a la conferencia matutina para especificar el monto que se paga cada año así como qué índice del Presupuesto de Egresos de la Federación.