Envía López Obrador iniciativas de reforma para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Ley Federal de Derechos

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión dos iniciativas de reformas, una que busca modificar la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de que las ganancias obtenidas del turismo extranjero sean utilizadas para financiar proyectos de la Secretaría de la Defensa Nacional; y otra que cambiará la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para reforzar el control y regulación de armas en México.

Este 18 de septiembre, la Cámara de Diputados recibió dos iniciativas de reformas presentadas por el ejecutivo federal, una de ellas consiste en hacer cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual propone establecer medidas más estrictas sobre la posesión, uso, comercialización y transporte de armas tanto para fines deportivos y de seguridad pública y privada.

De acuerdo con el documento, las modificaciones señalan que los deportistas de tiro y caza deberán estar inscritos en clubes acreditados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), justificar la posesión de su arma, así como el transporte de las armas de fuego. 

Dicha reforma también propone que se incluya la regulación de armas de gas, de aire comprimido o pistón, cuyo calibre sea superior al diámetro de 5.5 mm, tratándolas de manera similar a las armas de fuego.

En la propuesta de modificación se propone que la SEDENA será la encargada de expedir permisos extraordinarios para que los socios de clubes de tiro y caza puedan transportar sus armas desde su domicilio hasta los campos o cotos de caza, sin que esto implique una licencia de portación general.

También se propone que la SEDENA regule la cantidad de armas y municiones que se pueden adquirir para evitar un uso excesivo o indebido, enfocándose principalmente en actividades deportivas o de caza. Asimismo, la iniciativa plantea regulaciones en el impacto del crecimiento urbano en las áreas de práctica de tiro, por lo que establece regulaciones para proteger tanto a las poblaciones cercanas como la integridad de los recintos destinados a estas actividades.

La reforma propone que solo las armas inscritas en el Registro Federal de Armas puedan adquirir cartuchos. También restringe la venta de ciertos calibres, como el .22 Magnum, TCM y Hornet para pistolas y revólveres, con el objetivo de garantizar los derechos humanos.

También se propone regula el uso de armas de fuego para seguridad privada, permitiendo a empresas e instituciones públicas portar armas bajo ciertas condiciones aprobadas por SEDENA. Además, se mencionan requisitos para los militares, tanto en servicio activo como retirados, para portar armas en funciones de seguridad.

La reforma amplía los supuestos de infracción a la ley e incluye sanciones para quienes posean cartuchos o armas de fuego sin el registro adecuado, así como penas más estrictas para quienes comercialicen o utilicen explosivos o sustancias relacionadas con pirotecnia de manera ilícita.

Se establecen normas para la importación y exportación de armas y municiones bajo permisos temporales y controlados, con el objetivo de evitar su uso indebido o su desvío al mercado ilícito.

Esta reforma también prohíbe el envío de armas, municiones y componentes a través del Servicio Postal Mexicano y otros servicios de mensajería, así como su venta en plataformas de internet, con el objetivo de prevenir el tráfico ilegal.

En cuanto a la reforma que propone hacer cambios a la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de que las ganancias obtenidas del turismo extranjero sean utilizadas para financiar proyectos de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejecutivo Federal busca modificar que el 100% de los ingresos obtenidos del cobro de derechos a visitantes extranjeros se destinen a financiar proyectos de las empresas de la SEDENA, como los aeropuertos de Chetumal, Palenque, Tulum, el Felipe Ángeles, Mexicana de Aviación y el Tren Maya.

La reforma expone que se creará un nuevo fideicomiso turístico bajo control de SEDENA para gestionar dichos recursos y se extinguirá el actual fideicomiso del Tren Maya, y los fondos sobrantes pasarán al nuevo fideicomiso.

Esta reforma propone cambios en el artículo 18-A de la ley para formalizar dichos ajustes.