El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, Pablo Gómez, señaló que la sentencia de la Corte de Florida contra Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereyra confirma que hubo un esquema de corrupción y defraudación contra México durante dos sexenios sucesivos.
“La salida de este dinero del país que fue alojado en el extranjero, fue parte del Estado corrupto que viene de los años cincuenta y que se creó como parte del sistema político mexicano. El cambio vino en 2018 por esos estamos aquí hablando del tema, porque de lo contrario nunca se habría conocido nada”, destacó Pablo Gómez.
Durante la mañanera del Pueblo de este 23 de mayo, el titular de la UIF indicó que el pasado 22 de mayo la Corte de Florida sentenció a García Luna y Cristina Pereyra, a pagar al Gobierno de México 2,488 mdd.
Asimismo, destacó que, mientras un tribunal de Estados Unidos dictó culpabilidad a Linda Cristina Pereyra, un Tribunal Colegiado de Circuito en México amparó y protegió a la esposa de García Luna, para utilizar el Sistema Financiero mexicano libremente, lo que muestra un contraste y el problema que existe en el sistema político mexicano.
Por otro lado, explicó que de 2009 a 2018 se otorgaron 30 contratos de la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), al tejido empresarial del Grupo Weinberg, encabezado por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, vinculados con García Luna.
Detalló que los contratos fueron por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos, de los cuales fueron pagados 625 millones 188 mil 66 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos.
Pablo Gómez explicó que en 2018 el Gobierno de México tuvo conocimiento de los hechos y presentó una demanda de carácter civil en Florida, donde los implicados tenían residencia, bienes, además de que operaban en dicha localidad.
Por ello la jueza de Florida, Lisa Walsh, resolvió que los bienes a nombre de una empresa implicada en la investigación y de García Luna y Cristina Pereyra, fueran entregados al Gobierno de México, ante la negativa de los implicados de comparecer ante el tribunal. Estos recursos ascendieron a más de 12 mdd.
De igual forma, explicó que García Luna fue demandado originalmente por 250 mdd aproximadamente, con base en la información obtenida hasta el momento, y posteriormente se demandó a Cristina Pereyra por 580 mdd. Los montos dictados por la jueza equivalen a tres veces el monto original por el que ambas personas fueron demandadas.
“La sentencia que dictó la juez no es en contra de dos personas, sino de cada persona en lo individual, son demandas a cada una de las personas y de las empresas que eran propiedad de estos implicados”, detalló.
Finalmente, reveló que próximamente se resolverán otra sentencia de la misma jueza de Florida contra Genero García Luna y Linda Cristina Pereyra, sin detallar fechas precisas, y aclaró que en estos casos el Gobierno de Estados Unidos no tiene participación, como lo han dicho algunos medios.