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  • 02 Oct 2023
  • 18:10
  • SPR Informa 6 min

El Centro Nacional de Inteligencia no podrá destruir archivos de la Guerra Sucia

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no podrá destruir documentos relacionados con la llamada Guerra Sucia, esto luego de que un tribunal federal concediera un amparo para Alicia de los Ríos Merino, hija de Alicia de los Ríos, integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre. 

El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México dictó esta suspensión provisional con el objetivo localizar y transferir archivos “perdidos, sustraídos, faltantes o que nunca fueron transferidos (y debieron serlo) al Archivo General de la Nación”, se lee en la sentencia. 

Al respecto del juicio de amparo, admitido el pasado 8 de septiembre, la organización Artículo 19 reconoce el derecho de la demandante a exigir la revisión y el resguardo de los documentos: 

“(Las resoluciones) reconocen que familiares como Alicia de los Ríos Merino tiene derecho a exigir que se revisen estos documentos, donde podría encontrarse información sobre el paradero de su madre desaparecida, así como el esclarecimiento de este periodo de represión estatal en contra de movimientos sociales”, indicó Artículo 19.

Este juicio ocurre tras reportarse irregularidades documentadas en agosto pasado por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el periodo 1965 – 1990 (MEH)

Tras presentar el “Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en el AGN”, y dos ampliacione posteriores más sobre irregularidades encontradas, integrantes de la comisión denunciaron “serias dificultades” para el acceso a la consulta de documentación histórica provenientes de las agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, Fuerzas Armadas y organismos policiacos. 

En un pronunciamiento conjunto el pasado 15 de agosto, los miembros del mecanismo calificaron como “crucial” el acceso a la totalidad de archivos; y la falta de acceso constituye un incumplimiento a la Ley General de Archivos y la Ley General de Transparencia. 

En 2001, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) recibió la orden presidencial de transferir la documentación relacionada con movimientos sociales y políticos, entre ellos, los referentes a la Guerra Sucia, al Archivo General de la Nación. 

El CISEN lo hizo, pero por 18 años, custodió ilegalmente los archivos; fue hasta que la administración actual transformó la agencia en el CNI y dejó el control de la información.