El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó el informe “Cómo proteger a Estados Unidos del tráfico de armas de fuego”, el cuarto volumen de la publicación “Evaluación Nacional sobre Comercio y Tráfico de Armas de Fuego”, en el cual se afirma que el 74% de todas las armas utilizadas en delitos internacionales en México provienen de dicho país.
La publicación representa “la investigación, el análisis y el examen más exhaustivos jamás realizados sobre el comercio de armas de fuego y sobre cómo las armas de fuego ingresan a los mercados ilegales”, ya que reúne la revisión de datos de armas de fuego de más de dos décadas en Estados Unidos, de acuerdo con la dependencia.
El estudio proporciona a los lectores información con relación a la forma en la que “los delincuentes obtienen sus armas, qué tipo de armas buscan y dónde y con qué frecuencia las usan”, por lo que para el gobierno estadounidense representa un hallazgo relevante en términos de prevención de delitos. Sin embargo, al Gobierno mexicano le ha permitido corroborar la responsabilidad de Estados Unidos en el manejo de armas de alto calibre por parte del crimen organizado en el país.
En el informe se destaca que, con relación al tráfico de armas de los Estados Unidos a México:
El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló, durante la Mañanera del Pueblo de este 9 de enero, que los datos publicados por el gobierno estadounidense son “verdaderamente muy graves” ya que evidencia la magnitud de la industria armamentística así como el conocimiento que tienen las autoridades de las cadenas de producción y los mecanismos a través de los cuales se comercializa.
Además, subrayó que “toda la fuerza de los cárteles delictivos está en su capacidad de fuego, está en su armamento”, por lo que un eje central en las acciones delictivas de dichas organizaciones responde directamente al acceso que tienen a equipo de alto nivel. “Eso lo sufrimos a diario, ustedes lo han testificado, todos los esfuerzos que tienen que hacer las fuerzas armadas del país para contener esa letalidad”, señaló Gertz Manero.
En este sentido, destacó que el Gobierno mexicano ha implementado toda una política para impedir la entrada de alta gama al país y enfatizó en la relevancia del informe puesto que admite su papel en el ingreso de las armas “que son las que nos están causando un daño fundamental al país”.
“Es un informe que nos está ratificando todo lo que ha sufrido méxico por culpa de esta abundancia de armamento de alto nivel que ha sido una de nuestras luchas fundamentales”, señaló el fiscal.
Asimismo, Gertz Manero explicó que, una vez que las armas son aseguradas por alguna autoridad, se inicia un registro con el cual la FGR solicita a las autoridades estadounidenses información “para que se le dé un seguimiento interno desde su producción hasta su comercialización” y así indagar sobre su origen y señaló que la dependencia a su cargo ha hecho la solicitud de dichos datos sobre más de 55 mil armas, sin embargo “los resultados que hemos tenido de ninguna manera han sido satisfactorios”.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló la relevancia del informe y refirió que su publicación “nos da elementos [...] para que en el momento que nos sentemos con el Gobierno de Estados Unidos digamos ya hay un sustento en el Departamento de Justicia que asevera lo que hemos estado diciendo y, por lo tanto, debemos colaborar".
Otros datos destacados que se presentan en el informe son:
MÉXICO INTERPONE DEMANDAS CONTRA FABRICANTES DE ARMAS
Actualmente, el Gobierno mexicano mantiene una serie de demandas judiciales interpuestas por la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador en contra de diversas empresas estadounidenses fabricantes de armas por incurrir en "prácticas comerciales imprudentes e ilegales que abastecen a criminales peligrosos”.
La última, interpuesta en contra de Sturm, Ruger & Company; Barrett Firearms Manufacturing Inc, Glock Inc, Colt's Manufacturing Company LLC, Century International Arms Inc y Barretta U.S.A. Corp fue desestimada por Dennis Saylor, juez de Distrito en Boston, Massachusetts, el 7 de agosto de 2024, por falta de jurisdicción en ese estado y señaló que México no había demostrado que cualquier arma de fuego vendida en la región le haya causado algún daño.
Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que, a pesar de dicha decisión, la demanda de México en Boston continúa en contra de las empresas Smith and Wesson e Interstate Arms.
Las demandas consideran que dichas empresas “son responsables de facilitar activamente el tráfico de armas de fuego que fortalecen a los cárteles [y] la crisis del fentanilo”, de acuerdo con el abogado mexicano Alejandro Celorio.