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  • 22 Oct 2025
  • 20:10
  • SPR Informa 6 min

Declara Perú estado de emergencia durante 30 días por criminalidad en Lima

El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció el pasado 21 de octubre la declaración de un estado de emergencia en la capital del país, Lima, así como en la provincia vecina de Callao. El decreto, que tendrá una duración de 30 días, y entrará en vigor este 22 de octubre, busca responder a la crisis de violencia y extorsión que enfrenta el país y que fue uno de los factores clave en la destitución de la expresidenta Dina Boluarte el 10 de octubre.

El mandatario peruano, quien asumió el cargo el mismo día del cese de Boluarte, destacó que esta medida presenta un nuevo enfoque: “pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crímen. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”. Además, reiteró que su plan le permitirá al gobierno peruano recuperar la paz, tranquilidad y confianza de millones de ciudadanas y ciudadanos.

El Estado de emergencia se declaró en el marco de las protestas contra el gobierno y el Congreso por distintos motivos, siendo la inseguridad uno de los principales. Lo anterior se puede corroborar con los 575 homicidios registrados por el Sistema de Información de Defunciones de Perú (Sinadef) en el trimestre de julio-agosto-septiembre, siendo esta la cifra más alta del año.

Según informa el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure el estado de emergencia quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. Asimismo, otros derechos constitucionales como la libertad de tránsito se inhabilitarán durante la vigencia del decreto.

El estado de emergencia también considera el apoyo de las fuerzas armadas a la Policía Nacional con patrullas en zonas estratégicas como paraderos, estaciones de metro y otras locaciones asociadas. Además, tanto policías como militares custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales para el decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.

Dentro de otras medidas contempladas en el decreto, destacan el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, así como las intervenciones en mercados ilegales relacionados con la trata de personas, tráfico de drogas, armas, autopartes y comercialización informal de chips telefónicos vinculados a casos de extorsión y secuestro. 

Por otra parte, se dió a conocer que las visitas a los presos en las cárceles quedarán limitadas, además de que se tiene previsto un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación.

Cabe recalcar que desde que el mandatario Jerí asumió el cargo, al menos 100 personas han resultado heridas en los enfrentamientos entre manifestantes y policías, siendo el caso más nombrado el de un hombre que murió tras recibir un disparo de la policía el pasado 15 de octubre.

Debido a lo anterior y a la limitada legitimidad popular del gobierno de Jerí, diversos colectivos han señalado que se mantendrán en las calles hasta sacarlo de la Presidencia, no obstante, el líder peruano ha reiterado que permanecerá en el cargo y no renunciará.