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  • 04 Sep 2022
  • 22:09
  • SPR Informa 6 min

Cabeza de Vaca operó en Tamaulipas una Estafa Maestra, una Operación Safiro y un Cartel Inmobiliario

El Asesor del Gobierno el Estado de Tamaulipas de Américo Villareal, Santiago Nieto Castillo, aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, tejió redes de corrupción durante su administración similares a los de la Estafa Maestra, la Operación Safiro y el Cartel Inmobiliario.

Entrevistado por el periodista Jenaro Villamil en el programa ‘Voces Públicas’ del Canal Catorce del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Nieto Castillo explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró un entramado de seis empresas relacionadas con Cabeza de Vaca que a su vez subcontrataban hasta a 50 empresas.

Esta red de empresas permitía, en palabras de Santiago Nieto, triangular dinero del erario estatal para campañas electorales, provecho personal y financiamiento al crimen organizado.

El entrevistado agregó que otros mecanismos para desviar dinero público fueron a través del equipo de futbol los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y una serie de contratos de esta casa de estudios a varias empresas a través del gobierno estatal.

Santiago Nieto explicó que Cabeza de Vaca logró una reforma a la Fiscalía Estatal que, entre otras cosas, le daba el control del Grupo de Operaciones Especiales y de la Unidad de Inteligencia Financiera estatal, que le permitió tejer esta presunta red de corrupción.

Otro elemento de corrupción mencionado por Santiago Nieto fue el que calificó como un “Cártel Inmobiliario” en Tamaulipas, propietarios de ranchos, terrenos e inmuebles en el estado han denunciado múltiples despojos por las irregularidades en la gestión del pago del predial, ya que diversas propiedades se encontraban a nombre de otras personas al momento de realizar las acciones regulatorias de los terrenos. 

La Operación Safiro

En 2017 una investigación periodística reveló una red de 12 empresas fantasma a través de las cuales autoridades de 7 estados de la República desviaron alrededor de 650 millones de pesos a un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI. 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó en 2018, que esas 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron en 2016 transferencias equivalentes a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México para la ‘Operación Safiro’.

Estafa Maestra

La Estafa Maestra trata de un modus operandi revelada a través de una investigación realizada por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI), publicada en septiembre de 2017.

Según la Auditoria Superior de la Federación, en 2015 se extraviaron 540 millones de pesos (unos US$30 millones) de la Sedesol, ese año sus titulares fueron Rosario Robles primero, y José Antonio Meade después.

También se presentaron siete denuncias ante la PGR. El resultado fue la suspensión de 468 funcionarios y empleados, "el mayor número de servidores públicos suspendidos por un solo caso en la historia de la Función Pública", apunta su equipo de campaña.

El Cartel Inmobiliario

‘El Cártel Inmobiliario’ de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México es el nombre que se le ha dado a la red de presuntos actos de corrupción de exfuncionarios panistas de la demarcación para favorecer a empresas del sector inmobiliario, a cambio de departamentos o pagos en efectivo.

Esta red operó presuntamente entre 2006 y 2018, bajo gobiernos panistas: Germán de la Garza Estrada (2006-2009), Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), Jorge Romero Herrera (2012-2015) y Christian Von Roehrich (2015-2018).

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), este presunto contubernio permitió a exfuncionarios de Benito Juárez hacerse de forma ilícita de recursos y patrimonios, los cuales no corresponden a sus ingresos como empleados públicos.