La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló una resolución que obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar más de 3 mil 575 millones de pesos por concepto de predial al municipio de Tecpatán, Chiapas.
La ministra Lenia Batres, quien se opuso al proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar, denunció que se trata de una acción basada en criterios fraudulentos que afectarán a las finanzas públicas.
“No procede el cobro de impuesto predial a entidades públicas federales, menos aún por un municipio en el que no se encuentra el predio del que se pretende cobrarle a CFE”, argumentó la ministra.
En la sesión, Lenia Batres refirió que la central hidroeléctrica está ubicada en el municipio de Mezcalapa, debido a la remunicipalización de Chiapas realizada en 2011, por lo que el municipio de Tecpatán carece de competencia para realizar cobros de impuesto predial en este caso.
La ministra convocó a sus compañeras ministras y ministros a abordar el tema desde un enfoque novedoso que evite la merma de recursos públicos, sin embargo, el ministro Javier Laynez Potisek indicó que la subsidiaria de la CFE no interpuso los recursos adecuados.
“No lo hizo, no se sabe por qué, por negligencia, por descuido, por corrupción, no sabemos, pero no interpuso (...) Yo difiero, la Suprema Corte de Justicia no puede hacer cualquier cosa, hay una ley que rige el procedimiento y del juicio de amparo”, argumentó Laynez.
Batres señaló que se “avaló una sentencia para que el municipio de Tecpatán, Chiapas, cobre impuesto predial sobre las instalaciones de la Hidroeléctrica de Malpaso (...) pese que el artículo 115 de la Constitución prohíbe expresamente a los municipios cobrar impuestos a los bienes sujetos al dominio público de la Federación”.
“Dice usted que nosotros no estamos para modificar la interpretación de la constitución, esta Suprema Corte se da algunos permisos muy fuertes al interpretar la propia constitución.
(...) En este caso no estamos buscando que se modifique la Constitución, estamos buscando que se interprete la ley de amparo, en este caso, para poder rectificar un caso absurdo, injusto e inconstitucional”.
Y aunque la ministra Yasmín Esquivel Mossa se sumó a Lenia Batres y también votó en contra de la resolución, no fue suficiente, pues los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar apoyaron el proyecto, quedando la votación de tres contra dos.