Aprueba Cámara de Diputados prohibición de vapeadores y refuerza control sanitario

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 324 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud para prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, así como fortalecer la atención sanitaria de la población.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es reforzar la rectoría del Estado en materia de salud, garantizar el derecho a la protección de la vida y el bienestar de la población, y combatir los riesgos emergentes asociados al consumo de estos dispositivos.

La reforma materializa los cambios a los artículos 4º y 5º constitucionales, al crear en la Ley General de Salud el Título Décimo Segundo “Control Sanitario de Productos y Servicios de su Importación y Exportación”, que incorpora el Capítulo XII Ter “Cigarrillos Electrónicos, Vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos”.

El documento reconoce al vapeo como una amenaza a la salud pública, lo que permitirá aplicar políticas integrales para disminuir su consumo, proteger a grupos vulnerables y garantizar la aplicación del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios.

La ley define como vapeadores todo aparato mecánico, electrónico o de cualquier tecnología destinado a calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por quien las usa.

Se establece la prohibición total en el territorio nacional para la adquisición, producción, fabricación, preparación, mezclado, envasado, almacenamiento, transporte con fines comerciales, importación, exportación, distribución, venta y suministro de estos dispositivos, así como la prohibición absoluta de publicidad, promoción o propaganda por cualquier medio, ya sea impreso, digital, televisivo, radial o en plataformas electrónicas.

La autoridad sanitaria podrá llevar a cabo verificaciones, aplicación de medidas de seguridad y disposición sanitaria de estos productos, sin perjuicio de las competencias de otras autoridades. A quienes incurran en alguna de estas conductas se les impondrá una pena de uno a ocho años de prisión y multa de 100 a 2 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El dictamen también fortalece la estructura del Sistema Nacional de Salud, al establecer como materia de salubridad general la planeación y ampliación de infraestructura hospitalaria, el impulso a la salud digital y el acceso universal a la atención médica mediante el intercambio de servicios entre instituciones públicas.

Se dispone que la Secretaría de Salud coordinará el Sistema Nacional de Salud, integrará la demanda de medicamentos y equipo médico de alta tecnología, dará seguimiento a los procesos de contratación consolidada y promoverá el uso de tecnologías como la telesalud, telemedicina, expedientes clínicos electrónicos, salud móvil y dispositivos portátiles.

Asimismo, se impulsa el establecimiento del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud y del Sistema Nacional de Información en Salud, para consolidar una base de datos nacional que permita evaluar el desempeño institucional, facilitar el intercambio de servicios y fortalecer la planeación estratégica.

El dictamen establece la coordinación de la creación y ampliación de unidades médicas a través del Plan Maestro Nacional de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico de Alta Tecnología, así como el control de medicamentos, vacunas, productos biológicos, insumos y dispositivos médicos.

Adicionalmente, se fortalece el Sistema Federal Sanitario, integrado por Cofepris y las autoridades sanitarias estatales; se promueve la participación de empresas con inversión nacional o con proyectos de investigación e innovación en los procesos de adquisición de insumos para la salud; y se consolida una base nacional de información estadística local alimentada por prestadores públicos y privados.

En materia de ética y bioseguridad, el dictamen contempla la creación y fortalecimiento de Comités de Bioética, de Ética e Investigación y de Bioseguridad, que deberán contar con integración multidisciplinaria, representantes no científicos, equilibrio de género y atención a aspectos de bioseguridad e impacto ambiental.

Tras su aprobación en lo general, el dictamen continuará su análisis en lo particular para su posterior envío al Senado de la República como parte del proceso legislativo.