El ministro José Luis González Alcántara Carrancá presentó una acción de inconstitucionalidad a la Reforma Judicial que busca eliminar de la Reforma la elección popular de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, manteniendo la elección de ministros y magistrados electorales, esto como resultado de los amparos promovidos por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como diversos legisladores pertenecientes a Congresos Estatales.
El proyecto presentado este 28 de octubre mantiene la elección mediante voto popular de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y magistradas de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
El proyecto también señala que “es infundado” el planteamiento relativo al establecimiento de un tope máximo salarial de las personas juzgadoras del Poder Judicial debido a que, de acuerdo con el proyecto, si bien el Artículo 127 constitucional establece que no pueden ganar más que la Presidenta de la República “resultar omisa en el establecimiento de parámetros objetivos y específicos que permitieran establecer el salario del titular del Poder Ejecutivo de la Federación”.
En este sentido, el documento presentado por el ministro Alcántara Carrancá solicita al Poder Legislativo que emita una regulación que permita calcular “de forma objetiva y completa” la remuneración de los jueces, ministros y magistrados.
El proyecto del Ministro también cuestiona la figura de jueces sin identidad en los casos de delincuencia organizada, la cual es utilizada como mecanismo de seguridad para las personas juzgadoras. Sin embargo, el proyecto establece que se podría tratar también de una facultad que podría transgredir los derechos de las personas imputadas, en contraposición con lo establecido por el derecho internacional en materia de Derechos Humanos.
En ese sentido, el proyecto en cuestión establece cuatro puntos que se contraponen con derechos ya establecidos, como los son el derecho a la presunción de inocencia, en el sentido en que el imputado conozca a la persona que intervenga en su caso; el derecho a una defensa justa, puesto que el anonimato puede ocultar la idoneidad o conflictos de interés que puedan existir en diversos casos; así como cuestiones relacionadas con la transparencia y legitimidad procesal de la administración de justicia.
Así como con el salario, el proyecto también considera como “infundada” la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, ya que estos tienen “sustento legal”, además, apunta que esta orden representa “una merma a la autonomía presupuestaria y financiera de la judicatura y a su autonomía de gestión presupuestaria y administrativa”.
El ministro González Alcántara Carrancá es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en Finanzas Públicas, es maestro en Relaciones Internacionales y en Derecho Civil.
El jurista fue nominado en 2018 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar un lugar en la Suprema Corte, su nombramiento fue avalado por el Senado de la República y ocupó el lugar de José Ramón Cossío Díaz.
En 2023, López Obrador cuestionó al ministro luego de que este marchó contra la cancelación de los fideicomisos del Poder Judicial, dinero que tenía el objetivo de ser utilizado para apoyar a la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.
“Marchó un ministro que gana 700 mil pesos mensuales, le debería dar vergüenza. Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos”, apuntó el entonces presidente.
En diciembre del 2023 la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, organizó una reunión con el dirigente nacional del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Alejandro Moreno, la cual tuvo como sede la casa del ministro González Alcántara Carrancá.