Presenta la CJEF un recurso de reclamación en contra de la medida del ministro Laynez Potisek de no cancelar los 13 fideicomisos del Poder Judicial

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de reclamación en contra de la medida cautelar otorgada por el ministro de la misma SCJN, Javier Laynez Potisek, en contra de la medida legislativa de cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federaión, ya que el propio ministro reconoce que el decreto impugnado prevé las medidas necesarias para salvaguardar los derechos laborales.

A través de un comunicado, la CJEF lamentó que el ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, a pesar de haberse pronunciado, anticipada y públicamente, en contra de la reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “no se haya excusado de conocer de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto legislativo que instruye la desaparición de aquellos fideicomisos del PJF que no estén previstos en alguna norma, lo cual hace evidente su falta de imparcialidad y objetividad, requisitos necesarios en todo juzgador”.

La CJEF explicó que “no es extraño que, de manera arbitraria, Laynez Potisek haya suspendido todos los efectos deldecreto impugnado, sin importar que el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, el cual dispone expresamente que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no puede dar lugar a la suspensión de la norma cuestionada, incluidos las disposiciones transitorias”.

La Consejería explicó el ministro justifica el otorgamiento de la suspensión, al señalar que, de no detenerse la extinción de los fideicomisos, se causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía, lo cual, para la CJEF resulta falso, ya que la función jurisdiccional está garantizada con los recursos del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados.

Asimismo, la CJEF expone que la determinación del ministro instructor afirma “indebidamente que los fondo se dichos fideicomisos públicos son un mecanismo que garantiza la impartición de la justicia, sin los cuales no se podría realizar la función jurisdiccional”, por lo que en el comunicado la Consejería señala que Laynez olvida que dicha actividad del Estado se garantiza con los recursos presupuestales asignados de forma anual al PJF.

“Asimismo, el ministro Laynez consideró que el pago de prebendas extraordinarias a los funcionarios del PJF debe permanecer “inmune” frente a la posibilidad de destinar dichos recursos públicos a la ejecución de programas que permitan cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual representa un acto de soberbia y falta de solidaridad institucional, pues debe recordarse que fue la propia ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien públicamente solicitó analizar la posibilidad de destinar los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial y de la SCJN para la atención a población damnificada en Acapulco, Guerrero”, así se lee en el comunicado.

Otra de las especificaciones que detalló la CJEF es que en la determinación del ministro Laynez, también se omite considerar que, desde 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostuvo que los fideicomisos del PJF no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad, dada la nula utilización de sus fondos, “por lo que detectó una acumulación injustificada de recursos públicos, ya que las prestaciones laborales están garantizadas con recursos presupuestales y no dependen de los fideicomisos, como indebidamente lo señala el ministro instructor.

Por último, la CJEF hizo un nuevo llamado al máximo tribunal para que honre la palabra de su presidenta, Norma Piña, y permita que dichos recursos públicos se utilicen para la reconstrucción de Acapulco.