Un juez federal prohibió este sábado 15 de marzo al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevar a cabo deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa del siglo XVIII que el mandatario invocó para acelerar la expulsión de pandilleros venezolanos del país.
La Ley de Enemigos Extranjeros que Trump invocó este sábado constituye para algunas organizaciones humanitarias un abuso de poder.
El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden inmediata para detener las deportaciones, argumentando que el gobierno ya estaba trasladando a migrantes que, según afirmaba, eran recientemente deportables. Estos migrantes estaban siendo enviados a El Salvador y Honduras, países que habían acordado recibirlos.
"No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar", declaró Boasberg durante una audiencia el sábado por la noche. "Un breve retraso en su deportación no perjudica al gobierno", añadió, ordenando que se devolvieran todos los aviones en vuelo y manteniendo a los migrantes bajo custodia gubernamental.
El fallo se produjo horas después de que Trump afirmara que la organización venezolana Tren de Aragua estaba "invadiendo" Estados Unidos y utilizara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa en tiempos de guerra que otorga al presidente amplios poderes para implementar políticas ejecutivas. Esta ley permitiría al gobierno deportar a cualquier migrante identificado como miembro de una pandilla sin seguir los procedimientos migratorios regulares, eliminando también otras protecciones legales.
Boasberg detuvo las deportaciones de los migrantes detenidos por hasta 14 días y programó una audiencia para el viernes próximo, donde se revisará el caso en profundidad.
Esta decisión judicial es la más reciente de una serie de obstáculos legales que ha enfrentado la administración Trump al intentar implementar sus órdenes ejecutivas en materia migratoria. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, que interpusieron la demanda, celebraron la medida como una victoria temporal para los derechos de los migrantes.
Mientras tanto, el gobierno de Trump enfrenta crecientes críticas por el uso de leyes históricas y medidas controvertidas para acelerar las deportaciones.