“Ha comenzado el golpe de Estado”: Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sentenció que en el país cafetalero “ha comenzado el golpe de Estado” luego de que el Consejo Nacional Electoral inició una investigación con el objetivo de abrir cargos contra su campaña presidencial de primera y segunda vuelta.

Los cargos se presentarán contra la coalición Pacto Histórico, representada “por los ciudadanos Gustavo Petro Urrego, candidato; candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso tesorera, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores; al movimiento político Colombia Humana y al Partido político Unión Patriótica (UP); por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”.

La ponencia fue presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes acusan a Petro por la presunta violación de los topes de campaña ya que, de acuerdo con sus hallazgos, los gastos habrían superado el limite por 5 mil 335 millones entre la primera y la segunda vuelta.

Los hechos han sido cuestionados en diversas ocasiones por Gustavo Petro, quien aseguró que los magistrados del CNE no tienen la facultad para investigar al titular del Ejecutivo Federal, además, advirtió que lo que buscan es quitarlo del poder antes de 2026.

“El CNE nunca puede, ni tiene la facultad para investigar al presidente de la República. Este es el inicio del Golpe de Estado. Se ha violado el fuero integral presidencial y roto el Estado de derecho y el respeto al voto popular y a la democracia”, difundió Petro en su canal de WhatsApp.

Las donaciones señaladas en la ponencia de los magistrados acusan la presunta ilegalidad de una donación realizada por la Federación Nacional de Educadores, quienes donaron 500 millones, sin embargo, su aportación no fue directa a la campaña de Petro, sino a Colombia Humana, y fue utilizado para el pago de vigilancia electoral, la cual se llevó a cabo después de los comicios.

“El momento de la movilización ha comenzado”

Tras los hechos, el presidente de Colombia hizo un llamado a la sociedad para movilizarse contra la decisión del CNE debido a que “se creen con el derecho de burlarse del voto popular”.

“Los peores bandidos usan corbata y están en escritorio y se roban el dinero público”, sentenció el mandatario.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Jorge Rojas, denunció que el Consejo Nacional Electoral inició la investigación contra el presidente con el objetivo de crear una desestabilización política en ese país.

“Le decimos al mundo: la democracia en Colombia está en peligro (...) Estamos procurando un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se quiere burlar, por mecanismos políticos, la elección presidencial y el voto popular”, sostuvo.

¿Estamos presenciando un caso de Lawfare?

Políticos y simpatizantes del presidente Petro han acusado en redes sociales y medios de comunicación que la campaña emprendida por el CNE es un caso de lawfare.

El lawfare o guerra política es un término que hace referencia al uso de procesos legales como arma política, es decir, el uso del poder judicial con fines partidistas y es contrario a la separación de poderes que deben regir en un Estado de Derecho.

El objetivo del lawfare es desprestigiar o desacreditar a una autoridad política, en este caso al presidente Petro no es la primera vez en la que se busca utilizar otras instituciones para desestabilizar su mandato, recordemos que en mayo de 2023 el mandatario alertó sobre un posible complot militar. Asimismo, en junio de ese mismo año señaló un “golpe blando” para diezmar en el Congreso el “Pacto Histórico”.

Incluso podríamos ir más atrás ya que la Presidencia de Colombia no es el único cargo en el que se podría señalar que Petro ha sido víctima de lawfare, ya que cuando era alcalde de Bogotá, el Grupo Puebla consideró como fuera política cuando el procurador Alejandro Ordóñez, un ultraconservador, lo destituyó e inhabilitó por 15 años.

Sin embargo, en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón al determinar que el Estado violó sus derechos políticos.