Una cualidad fundamental de un buen político es el talento para tener la iniciativa y mantener en la agenda pública sus propuestas. Si alguien nos ha enseñado el uso de esta cualidad es Andrés Manuel López Obrador. Hasta sus odiadores más persistentes reacionan e interactúan a partir de los temas y decisiones que adopta el presidente. Otra de sus grandes lecciones es saber aplicar la máxima “la política es tiempo”.
Dirían los griegos, saber combinar el cronos, con el kairo (el momento oportuno) y la krisis constituyen los ingredientes de un buen estratega.
Esta capacidad la demostró en la semana Claudia Sheinbaum al enrolar a la causa de la transformación al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, un ministro de luces propias, que tuvo el privilegio de ejercer la autonomía de un juzgador ante Felipe Calderón, político profundamente coercitivo y mediocre, que cuando perdía la iniciativa política hostigaba a quienes consideraba sus “empleados”. Y Arturo Zaldívar se le rebeló, justo durante la investigación del incendio de la Guardería ABC.
También mostró autonomía ante López Obrador en algunos puntos de diferencia, pero tuvo una coincidencia fundamental con el impulsor de un proceso de cambio profundo de régimen: la necesidad de limpiar de corrupción al Poder Judicial.
De esa Suprema Corte que surgió de la reforma impuesta por Ernesto Zedillo, emergió un personaje como Zaldívar, tan atacado por sus malquerientes por tener las dos características más importantes de un político: capacidad de iniciativa y agenda pública distinta al statu quo judicial.
Su renuncia anticipada como ministro demostró esta capacidad. En su carta breve, Zaldívar reprocha en forma elegante que él ya no tiene lugar en la configuración actual de fuerzas de la SCJN para seguir impulsando una reforma interna de combate a la corrupción y reforma profunda del Poder Judicial.
Su renuncia ocurrió después del fallido intento de buena parte de los poderes fácticos y de los ministros para convertir la defensa de los 13 fideicomisos en una “causa sindical” y de dignidad laboral de los trabajadores de la Corte. Nada más simulador que este súbito interés por la presunta violación de los derechos laborales en el Poder Judicial.
La hecatombe que cayó sobre Acapulco borró esa discusión, a tal grado que la ministra presidenta Norma Piña tuvo que admitir que está dispuesta a buscar un mecanismo para que esos 15 mil millones de pesos se destinen a los damnificados del huracán Otis. A pesar del repliegue, la ministra presidenta tendrá que demostrar por qué finalmente se comprometió en algo que no están dispuestos a cumplir.
La renuncia de Zaldívar ocurre también en vísperas del inicio formal de las precampañas el próximo 20 de noviembre y de que Claudia Sheinbaum presente su Plan de Gobierno. Uno de los ejes fundamentales de ese futuro proyecto de nación será la reforma del Poder Judicial o el llamado Plan C, que se convertirá en uno de los motores del llamado al voto.
Sheinbaum al invitar a Zaldívar a participar en el proyecto de asesoría tomó la iniciativa y movió una pieza fundamental en el tablero del ajedrez político. Demostró que este debate no sólo será entre militantes de Morena sino con integrantes de primer nivel del propio Poder Judicial. Zaldívar conoce como pocos el entramado jurídico, político y de intereses en este mundo de tráfico de favores, nepotismo y conservadurismo en el que se ha configurado el mundo judicial. Está dispuesto a romper la especie de omertá de la SCJN.
Si en algo coinciden López Obrador, Sheinbaum y Zaldívar es en la necesidad de “limpiar” al Poder Judicial de corrupción. Y separar a la justicia de la ley de los más fuertes. Las diferencias pueden surgir en los “cómos”, en las formas y en los plazos. Zaldívar ha expresado que no coincide con la propuesta de elección directa de jueces, magistrados y ministros, pero está dispuesto a debatir las fórmulas posibles en una reforma constitucional muy ambiciosa.
La renuncia de Zaldívar generó un profundo malestar en el establishment mediático, conservador y opositor a la transformación del Poder Judicial porque los descolocó y plantea que la reforma en esta estructura de poder va en serio.
Ninguno de los comentaristas que han expresado su airada reacción a la renuncia de Zaldívar porque presuntamente “viola” los términos del artículo 98 constitucional (“las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”) mostró tal incordio cuando ocurrió la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, el ministro Televisa, ex procurador general, ex director del CISEN, que se separó del cargo ante una investigación formal en la FGR.
Tal pareciera que la única “causa grave” que aceptan los expertos es que un ministro se separe por enfermedad grave o que estén investigados ministerialmente o por un escándalo mediático gestionado.
No consideran como “causa grave” que el mismo Zaldívar admita la imposibilidad de impulsar una reforma al Poder Judicial desde adentro de la SCJN.
En el fondo, el temor es que este tema se convierta en uno de los puntos de inflexión del debate durante la campaña presidencial. Sheinbaum ya demostró que lo tomará como uno de sus ejes principales.