Telecomunicaciones, Internet y el Estado: La importancia de Altán Redes para el ciberespacio nacional

El pasado viernes el presidente López Obrador anunció la inversión de más de tres mil millones de pesos hecha por el gobierno para pagar parte de la deuda de la empresa de telecomunicaciones Altán Redes, otorgando al Estado Mexicano la dirección y administración de ésta; el objetivo presentado por el Presidente es que la adquisición de la empresa ayudará a coadyuvar los esfuerzos de la actual administración a cerrar la brecha digital entre ciudades y áreas rurales y lograr llevar Internet a pequeñas comunidades de difícil acceso, en pos de disminuir la desigualdad y abonar a la competitividad y autonomía del mercado tecnológico nacional.

Tal medida generó una avalancha de comentarios y críticas negativas hacia la adquisición, comparándola en el peor de los casos con el FOBAPROA o simplemente tildándola de un capricho más que no iba a funcionar;  poco se mencionó que este es un proyecto transexenal que tiene desde la administración de Felipe Calderón, con el cual no sólo se hicieron fuertes inversiones, sino cambios constitucionales para para crear dicha empresa y que cumpliera con la obligación constitucional de tener una red compartida; así como tampoco se dice nada de los “blindajes” que tiene la empresa ante una posible cancelación. Mucho menos se mencionó el amplio panorama en el que está inserta esta medida, la cual responde al objetivo de la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 de dotar de Internet a zonas de difícil acceso en todo el país y así lograr mayor independencia y autonomía tecnológica a nivel nacional.

Antes de mencionar la historia e importancia de Altán Redes, es importante hacer unas cuantas precisiones técnicas al respecto para dimensionar la trascendencia y el posible impacto que puede significar una mayor presencia del Estado en la inversión de infraestructuras de telecomunicación en el país.

Primero, cuando una persona navega por Internet, ya sea desde una computadora, tablet, celular, consola o cualquier otro dispositivo con capacidad de conexión a Internet, lo hace por medio de una intrincada conjunción de cables, torres de comunicación, antenas, satélites y otros dispositivos, sin importar si se trata de Internet fijo o Internet móvil. El objetivo de estos arreglos tecnológicos es facilitar la transmisión e interoperación de la información o, dicho de otra manera, habilitar y propiciar el acceso a lo que se conoce como Internet por medio de redes de tecnología interconectada.

Segundo, se puede pensar en las infraestructuras de telecomunicación como una primera entrada al mundo digital y al sistema en el que se compone el ciberespacio e Internet; tales infraestructuras se caracterizan por operar en un entorno finito y de dominio nacional (el espectro radioeléctrico), en donde los costos de construcción y operación son demasiado altos y requieren de tiempo para generar ganancias, más en el caso en donde la demanda de tránsito de información es baja, como en comunidades con pocos habitantes o de bajos recursos, ya ni se diga en el retorno de inversión en donde, además, se necesite construir infraestructura en territorio de difícil acceso, en donde es necesaria la participación estatal debido al poco incentivo que significa para las empresas llevar sus servicios allá.

Tercero, la creación y funcionamiento de Internet y el ciberespacio es una labor conjunta entre el Estado y la iniciativa privada, aún así sea sólo en la labor marginal de establecer un marco normativo y cuidar su observancia y ejecución, en donde es deseable una mayor participación estatal no sólo como regulador y legislador, sino como un competidor para así disminuir una serie de vicios y riesgos tal como la falta de competencia, la asimetría enorme entre el poder público y el privado, así como también en hacer cumplir derecho constitucional de acceso a Internet.

Dicho lo anterior, Altán Redes se trata de una empresa mexicana de capital hasta hace poco 100% privado, la cual opera en el ámbito de telecomunicaciones e infraestructura y nació debido a un cambio en el artículo 16 transitorio constitucional en 2013, en donde se asentó la obligación de la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones. El mandato de esta red la obliga a operar bajo un esquema 100% mayorista, o lo que es lo mismo, la empresa debe ofrecer su infraestructura como un servicio para otras empresas comercializadoras y operadoras de telecomunicaciones, y así estas ofrezcan el servicio de provisión de Internet a los usuarios a nivel individual, Altán Redes no puede brindar su servicio a usuarios finales.

Asimismo, el nacimiento de Altán requirió de la instrucción a la CFE a “ceder su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, así como transferir todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión”, así como a entregar tres pares de hilos de fibra óptica de su red. Por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por instrucción de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, asignó la banda de 700 MHz al  Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL), para que éste, en cumplimiento de su objetivo de “realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones”, cediera ese ancho de banda a Altán Redes.

Entre los acreedores principales de Altán Redes se encuentran Nokia, Huawei (estos dos también son proveedores de Altán); Axtel; Morgan Stanley; Isla Guadalupe Investements; Megacable; Hansam; el China México Found (CMF), entre otros.

De los principales problemas que llevaron a la empresa a una deuda que asciende a 30,025 millones de pesos se encuentran: el impacto que tuvo la pandemia a nivel general en el mercado, la estimación de las metas de la empresa en función del porcentaje de la población alcanzada y no de los usuarios y, más aún, su incapacidad de poder ofrecer sus servicios de manera directa al consumidor, lo que significa depender del interés de terceras empresas de rentar la infraestructura de Altán para ofrecer servicios en zonas con pocos usuarios.

Una de las principales características de ALTÁN Redes es que usa la tecnología LTE-Advanced, lo que significa que la Red Compartida que ofrece es nativa 4.5G-LTE (no ofrece 2G o 3G); la red de Altán está diseñada bajo una arquitectura en la nube, virtualizada. Su desempeño actual ya integra características de 5G, tal como la alta velocidad, así como también cuenta con un diseño para una fácil migración a las redes 5G.

De acuerdo a la empresa, al día de hoy tiene alcance a 36 millones de mexicanos, más de 8 millones de ellos en poblaciones de menos de 10 mil habitantes, de estos, Altán cuenta con 6 millones de clientes, apenas un tercio de la previsión para este momento del proyecto, de los cuales  2 millones 857,000 usuarios son desde dispositivos móviles y de más de 1 millón 142,000 suscripciones de Internet inalámbrico fijo en hogares. Asimismo, al día de hoy la empresa cuenta con 54 clientes que rentan su infraestructura para vender paquetes de telefonía e Internet.

Pese a que desde hace un par de semanas personajes como Salinas Pliego y Mario Di Costanzo atacaron vía Twitter el pago de parte de la deuda de Altán por parte del Estado Mexicano, es evidente que la empresa tiene grandes áreas de oportunidad, las cuales son equiparables a los retos que enfrenta y la gran pérdida que podría significar dejar que la empresa cayera en bancarrota; entre estas áreas de oportunidad se vislumbra el mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), como la empresa de Luisito Comunica, PilloFon, o Bait, de Walmart; las ganancias de las OMV crecieron en el último trimestre de 2021 un 137.4% y su mercado experimentó un crecimiento tres veces su tamaño en los últimos tres años.

Además de los beneficios que presenta la empresa y del blindaje legal que existe en caso de una bancarrota de la empresa (en donde el Estado tendría que pagar íntegramente a los acreedores el valor de sus inversiones ), la participación del Estado en la administración de Altán Redes puede coadyuvar a lograr uno de los objetivos de la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 del presidente López Obrador, el cual consiste en ampliar la oferta y cobertura de Internet en todo el país, incluidas las zonas de bajos recursos, difícil acceso, así como los lugares públicos. En donde ya existen dos proyectos importantes: La creación y operación de la empresa CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, con una inversión de más de 15.5 mil millones de pesos, así como la Red Nacional de Acceso y Agregación de Internet para Todos, con un presupuesto destinado de poco más de 6.8 mil millones de pesos, ambas con el objetivo de ampliar la oferta de Internet a nivel nacional y con la gran diferencia que estas dos empresas sí pueden ofrecer servicio directamente al consumidor final.

Pese a que hay voces que señalan que los proyectos en marcha ( CFE Telecomunicaciones Internet para Todos y la Red Nacional de Acceso y Agregación de Internet para Todos) pueden entorpecer y duplicar las funciones del Estado con su participación en Altán Redes, esto es parcialmente engañoso, ya que Altán Redes tiene una naturaleza y razón de ser distinta, la cual se caracteriza por ser una red que renta sus infraestructuras y servicios para que terceras empresas puedan ofrecer sus servicios de Internet a la población usando la infraestructura de Altán, lo que significa que la empresa está diseñada para propiciar mayor competencia y ampliar la oferta de servicios de telecomunicaciones más allá de los actores preponderantes, los cuales han mostrado poco o nulo interés por establecer sus servicios en comunidades de difícil acceso, pequeñas o pobres por no ser rentables económicamente. 

En conclusión: el pago de la deuda de Altán no sólo significa una serie de oportunidades y cooperación en el objetivo de cerrar la brecha digital en México e impactar en las desigualdades asociadas a ella, sino que representa en sí misma una encrucijada que el gobierno del presidente López Obrador heredó de Peña Nieto y Felipe Calderón: pagar una parte de la deuda de Altán y coadyuvar en su administración y dirigencia a futuro (y así estructurarla en sus otros proyectos) o dejar que se fuera a la bancarrota, asumir las deudas con los acreedores, despedir a gran cantidad de gente e intentar vender buena parte de sus activos, entre los que figuran más de 2000 radiobases y una buena cantidad de otros dispositivos y tecnología. Creo que es obvia la respuesta, a menos que quien responda sea alguien con intereses políticos, alguien con intereses económicos (como Salinas Pliego), o simplemente alguien que siga perpetuando el cuento neoliberal de la ineficacia del Estado como actor económico.