Los otros desaparecidos

El 19 de marzo de 2018, tres jóvenes del Centro de Artes Audiovisuales (CAAV) de Guadalajara, Salomón, Marco y Daniel, fueron desaparecidos. Hoy, siete años después, sus familias siguen buscando una respuesta, una pista, un indicio que los conduzca a la verdad. Pero, como ocurre con miles de otros casos en México, la promesa de justicia sigue siendo una utopía lejana. A lo largo de los años, los padres de los estudiantes han denunciado la falta de compromiso de las autoridades locales y federales para esclarecer lo sucedido, mientras las voces de los desaparecidos se ahogan en un mar de impunidad y negligencia.

El número de personas desaparecidas en México no es una cifra fría. Son 124,882 vidas que no regresaron a casa. Este dato, provisto por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, refleja un fenómeno alarmante que abarca desde 2007 hasta la fecha, con una alta concentración en la última década. En este contexto, los familiares de los tres jóvenes desaparecidos en Guadalajara se han visto obligados a recurrir a la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para que su caso reciba la atención que hasta ahora ha sido negada por las autoridades locales de Jalisco.

La desaparición forzada en México no es un hecho aislado; se ha convertido en una crisis nacional que afecta no solo a los desaparecidos y sus familias, sino a la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la justicia. Los testimonios de los padres reflejan una lucha constante contra la indiferencia institucional. La solicitud de búsqueda en campo, uno de los métodos más efectivos para encontrar a los desaparecidos, ha sido sistemáticamente ignorada por las autoridades, que prefieren mantenerse en una versión oficial que no se sustenta en hechos sólidos.

Lo más grave de esta tragedia es la constante invisibilidad de los casos de desaparición. Las promesas de justicia se diluyen en audiencias interminables, en investigaciones que no avanzan y en la falta de apoyo real para las víctimas y sus familias. La reciente intervención de la ONU, que exige la continuación de la búsqueda de los tres jóvenes con vida, resalta una verdad incómoda: no solo hay un colapso en la investigación, sino que también existe una enorme falta de voluntad para esclarecer los casos de desapariciones.

Uno de los aspectos más preocupantes es el creciente número de "campos de exterminio" que se descubren en diferentes partes del país, como el reciente hallazgo cerca de una base de la Guardia Nacional en Jalisco. Estos sitios, donde se hallan restos humanos de personas desaparecidas, se suman a la larga lista de espacios donde la justicia no llega. Mientras tanto, las familias siguen su lucha por una verdad que las autoridades se niegan a darles.

La justicia para los desaparecidos no puede esperar más. El caso de los estudiantes del CAAV es solo uno de los muchos que permanecen sin respuesta. Es hora de que el gobierno mexicano, tanto a nivel estatal como federal, se haga responsable de esta crisis humanitaria y ponga en marcha un verdadero proceso de justicia. No basta con promesas ni con discursos que niegan la realidad del sufrimiento de las víctimas; es necesario un compromiso claro con la búsqueda de la verdad y con el esclarecimiento de los hechos.

La justicia no debe ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho fundamental de todos los mexicanos. Y en este contexto, la desaparición de personas no puede seguir siendo una tragedia más en la que el tiempo y la indiferencia sigan erosionando la esperanza de aquellos que, como los padres de Salomón, Marco y Daniel, siguen esperando que sus hijos regresen vivos. Vivos se los llevaron, y vivos los quieren. Es un clamor que no debe ser ignorado.