La Legitimidad de la Representación de Morena en el Congreso:

Más allá de la retórica opositora.

En los últimos meses, se ha vuelto habitual escuchar en diversos foros públicos y mediáticos una preocupación sobre la supuesta "sobrerrepresentación" de Morena en el Congreso. Este argumento, promovido principalmente por la oposición, sugiere que la presencia de Morena en el Legislativo es desproporcionada y, por tanto, cuestionable desde el punto de vista democrático. Sin embargo, este discurso no solo carece de fundamentos jurídicos sólidos, sino que también ignora aspectos esenciales del funcionamiento de nuestro sistema electoral.

Para empezar, es fundamental señalar que la representación de Morena en el Congreso es el resultado de un proceso electoral legítimo, en el cual millones de ciudadanos depositaron su confianza en este proyecto político. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 54 la base para la integración de la Cámara de Diputados, indicando que “en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. Morena ha operado dentro de este marco legal, respetando las reglas que garantizan la proporcionalidad y la equidad en la representación política.

Adicionalmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) regula en su Artículo 15 los criterios para la asignación de diputados plurinominales, asegurando que la distribución de curules sea conforme a la voluntad popular expresada en las urnas. Morena, como todos los partidos, ha seguido estos procedimientos, y la distribución final de escaños no es más que un reflejo directo del apoyo ciudadano. Es importante recordar que la democracia no se trata de mantener un equilibrio artificial entre partidos, sino de respetar la decisión soberana del pueblo.

Es cierto que existen mecanismos dentro del sistema electoral mexicano, como la fórmula de distribución de plurinominales mencionada en el Artículo 41 de la Constitución y desarrollada en el Artículo 23 de la LGIPE, que buscan evitar que un solo partido acumule un poder excesivo. Sin embargo, estos mismos mecanismos reconocen que la representación en el Congreso debe reflejar el mandato popular. En el caso de Morena, el número de escaños obtenidos no es más que un reflejo directo de la voluntad de los votantes.

Las críticas que hoy lanza la oposición son, en el fondo, estrategias de posicionamiento político. Se busca generar la percepción de que Morena ha violado principios democráticos, cuando en realidad lo que ocurre es que el partido ha logrado consolidarse como la fuerza política dominante gracias al apoyo ciudadano. La preocupación genuina de los opositores no radica en una supuesta "sobrerrepresentación," sino en su propia incapacidad para movilizar a un electorado que, en las últimas elecciones, ha optado claramente por un proyecto de transformación nacional.

En este sentido, la discusión sobre la "sobrerrepresentación" de Morena en el Congreso se revela como un debate vacío, más centrado en la lucha por el poder que en la defensa de la legalidad o la democracia. El desafío para la oposición no es deslegitimar a Morena, sino reconectar con la ciudadanía y ofrecer una alternativa que sea verdaderamente atractiva para el electorado.

Morena ha ganado su lugar en el Congreso de manera legítima y legal. Si la oposición desea cambiar este escenario, debe hacerlo a través del único camino posible en democracia: las urnas. Mientras tanto, la retórica sobre la sobrerrepresentación no es más que un recurso político que, lejos de contribuir al fortalecimiento de nuestras instituciones, solo sirve para enrarecer el ambiente político y desviar la atención de los verdaderos desafíos que enfrenta el país.