La desigualdad salarial sigue siendo una de las sombras más persistentes que oscurecen el progreso económico global. A pesar de algunos avances positivos, como el crecimiento de los salarios reales y la desaceleración de la inflación en muchas regiones, la brecha entre los que más ganan y los que menos reciben sigue siendo inaceptablemente amplia. El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirma lo que ya sabemos: la desigualdad salarial no es solo un desafío económico, sino una cuestión profundamente política que exige medidas inmediatas para garantizar la justicia social. Mientras el mundo avanza hacia una economía global más integrada, las diferencias salariales entre los trabajadores más ricos y los más pobres parecen estar cada vez más arraigadas (OIT, 2024).
Los datos del informe son estremecedores. El 10% de los trabajadores mejor remunerados concentran casi el 38% de la masa salarial mundial, mientras que el 10% de los peor remunerados apenas reciben el 0,5%. Esta disparidad es más acentuada en las naciones de renta baja, donde, aunque la desigualdad ha disminuido en las últimas dos décadas, la distancia sigue siendo abismal. En los países de renta alta, por otro lado, la reducción de la desigualdad es mucho más lenta, oscilando entre un 0,3% y un 0,7%. Estos números no solo reflejan un problema económico, sino que también revelan una falla estructural del sistema global que perpetúa las disparidades, a pesar de los avances en otros ámbitos como la reducción de la pobreza extrema o la mejora en el acceso a la educación (OIT, 2024).
La crisis salarial no es un fenómeno aislado ni exclusivo de países en vías de desarrollo. A pesar de los esfuerzos por reducir la desigualdad en ciertas regiones, los sectores más vulnerables siguen siendo los más golpeados. Las mujeres, a pesar de las políticas de igualdad de género, continúan siendo las principales afectadas por la brecha salarial, enfrentándose a una discriminación estructural que las coloca en la parte baja de la escala salarial en casi todos los sectores. Además, la informalidad laboral sigue siendo un grave obstáculo para millones de trabajadores, especialmente en economías emergentes, donde un tercio de la fuerza laboral está fuera del marco legal, sin acceso a derechos laborales o seguridad social. Como indica la OIT (2024), los trabajadores informales son los más expuestos a la explotación, y se ven obligados a aceptar condiciones de trabajo precarias con sueldos que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.
El informe de la OIT no solo diagnostica el problema, sino que también propone soluciones claras para combatir la desigualdad salarial. La primera de ellas es la implementación de políticas salariales basadas en el diálogo social, un mecanismo de negociación que debe involucrar a gobiernos, empleadores y trabajadores para garantizar que los salarios sean justos y reflejen el valor real del trabajo. Esta es una propuesta que debe ser aplicada a nivel global, considerando tanto las necesidades de los trabajadores como los factores económicos específicos de cada país. La ONU, a través de su Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho de todos los trabajadores a recibir un salario justo y a disfrutar de condiciones laborales dignas (ONU, 1948). Este principio debe ser el pilar fundamental de cualquier política económica que busque reducir las desigualdades salariales.
Además, la OIT subraya la necesidad de un enfoque integral que contemple no solo la fijación de salarios, sino también el fortalecimiento de la economía formal y la lucha contra la informalidad laboral. La integración de los trabajadores informales al sistema económico formal es esencial para garantizarles un salario digno y acceso a derechos laborales básicos como la seguridad social, la salud y las pensiones. Es imprescindible que los gobiernos, en colaboración con las organizaciones internacionales como la OIT y la ONU, diseñen estrategias que fomenten la formalización del empleo y que promuevan la productividad de manera equitativa, eliminando las barreras que hoy mantienen a millones de trabajadores al margen de la protección social (OIT, 2024).
Para que estas soluciones sean efectivas, es crucial que se adopten políticas públicas basadas en datos confiables. La OIT enfatiza la importancia de contar con estadísticas detalladas y precisas para medir y abordar las disparidades salariales de manera eficiente. Sin una recopilación adecuada de datos, las políticas corren el riesgo de ser ineficaces o desajustadas a la realidad de los trabajadores. En este sentido, la ONU ha hecho un llamado constante a la comunidad internacional para que utilice las estadísticas como herramienta para la toma de decisiones y la formulación de políticas que realmente mejoren las condiciones laborales de todos los sectores de la población (ONU, 2015).
Finalmente, la desigualdad salarial es un desafío global que no puede ser resuelto sin un compromiso firme y coordinado entre los gobiernos, los empleadores y las organizaciones internacionales. Los avances en el desarrollo económico y la mejora en los índices de pobreza no pueden ser celebrados si no van acompañados de un esfuerzo por erradicar las disparidades salariales. En este sentido, la Agenda 2030 de la ONU, con su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 10, establece la necesidad de “reducir la desigualdad dentro de los países y entre ellos”. La reducción de la desigualdad salarial es una pieza clave para alcanzar este objetivo, y es hora de que los gobiernos asuman la responsabilidad de construir economías más justas, equitativas y sostenibles para todos (ONU, 2015).
En conclusión, la desigualdad salarial no es un fenómeno inevitable ni una consecuencia del mercado. Es el resultado de decisiones políticas y estructuras económicas que favorecen a una élite privilegiada en detrimento de las grandes mayorías laborales. Reducir esta brecha requiere un cambio profundo en las políticas económicas globales, un compromiso firme con los derechos laborales y, sobre todo, una voluntad política que ponga el bienestar de los trabajadores en el centro de las agendas nacionales e internacionales. Si queremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, debemos actuar ahora para garantizar que el crecimiento económico beneficie a todos, no solo a unos pocos. La desigualdad salarial es una cuestión de derechos humanos y, como tal, debe ser tratada con la urgencia que merece.
Referencias
Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2024). Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Recuperado de https://www.oit.org
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recuperado de https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/