Por Rodrigo Galindo .
https://www.sprinforma.mx/noticia/intervencion-norteamericana-o-una-politica-de-seguridad-conjunta
6 min Siempre ha sido necesario conocer, a través de la historia y el derecho la doctrina jurídica de nuestros vecinos. El no hacerlo puede crear mal entendidos como en el pasado, en donde una propuesta del republicano Dan Crenshaw propone el uso de las fuerzas armadas norteamericanas contra los cárteles de la droga mexicanos que trafican fentanilo.
Mientras que la respuesta de políticos mexicanos fue de un tajante rechazo, pues argumentan que esta acción interfiere en la política interna y en la soberanía nacional. No obstante, considero que debemos reflexionar esto y considerar la perspectiva norteamericana y desde su política de defensa y su jurisprudencia.
En 1990, la Suprema Corte de Justicia de aquel país, en el famoso caso Verdugo Urquidez vs United States, la jurisprudencia norteamericana dio permiso a sus fuerzas de inteligencia y seguridad actuar en México, otorgándoles la capacidad de capturar a un extranjero y llevarlo a juzgar a suelo norteamericano.
La Suprema Corte de ese país consideró en la sentencia que los procedimientos de la cuarta enmienda no aplicaban para ciudadanos extranjeros. La doctrina conocida como male captus bene detentus.
En ese momento no hubo condena del Estado mexicano respecto al caso ya sea por desconocimiento del sistema de precedente norteamericano o por alguna otra razón que implicara cooperación en materia de seguridad.
La propuesta de los republicanos hoy en día es una extensión de esa decisión judicial de 1990, la doctrina norteamericana tiene como principio la operación de sus agencias de inteligencia fuera de su territorio, tanto como medida punitiva como medida disuasoria para alejar lo más posibles amenazas a su seguridad nacional.
Resumiendo, los norteamericanos no ven el uso de sus fuerzas armadas como una intervención, lo ven más como una ampliación de las facultades que ya habían tomado años antes en su sistema legal y que el Estado mexicano ya sea por desconocimiento o indiferencia, no adecuó las medidas legales para que esto no ocurriera.
Es necesario, como países vecinos conocer la jurisprudencia de ambos países y también las doctrinas en seguridad y en defensa.
La propuesta del uso de fuerzas armadas es para actores no estatales, como lo son grupos del crimen organizado, que el Ejército Mexicano lleva al menos dos décadas luchando contra este tipo específico de problema. Cabe pensar si con la experiencia del sistema de defensa norteamericano en intervenciones de este tipo podría haber una suerte de cooperación bilateral que buscara acabar con un enemigo común.
La semana pasada, nuestra Ciudad rompió el récord del día más caluroso en su Historia; es la primera vez que el calentamiento global es palpable en mi vida cotidiana.
Hernán Gómez pone en evidencia que el negocio de la administración de justicia judicial es mucho peor de lo que se piensa en la discusión pública reciente.
La sucesión presidencial de 1976 marcó el inicio del fin de un modelo que prevaleció en México por casi 50 años donde una fuerza partidaria amparada por el poder del Estado ganaba toda elección.
La politización de la justicia no solo erosiona la confianza en el sistema judicial, sino que también distorsiona el propósito fundamental de este: “proteger los derechos y las libertades".