Entre la realidad y la ficción: la autoridad electoral

Desde los primeros días de julio, el nombre de la senadora panista Xóchitl Gálvez se ha mencionado en varias ocasiones durante las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador.

Las razones han sido varias: su ahínco por judicializar absolutamente todo lo que no le parece correcto, sus posturas en contra de los programas sociales, sus aspiraciones como candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, posteriormente a la Presidencia de la República y también los contratos millonarios que ha obtenido a través de sus empresas con instituciones públicas y privadas desde que es funcionaria pública o representante popular.

En estas menciones, el presidente López Obrador ha abordado el evidente conflicto de interés que hay en los contratos de la senadora panista y también ha hablado de lo que representa el proyecto político en el que Gálvez Ruiz ha militado durante más de 20 años y que hoy la cobija como aspirante a la candidatura presidencial en 2024.

Con base en esas menciones y a petición de la senadora panista Xóchitl Gálvez, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral evaluó un proyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que posteriormente fue enviado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que admite medidas cautelares para el presidente por violencia política en razón de género en contra de Gálvez.

Estas medidas cautelares prohíben al presidente “emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos políticos de la quejosa y de las mujeres”.

La violencia de género es un tema serio y amerita que se trate de tal manera. Sin embargo, llama la atención que las medidas cautelares contra el presidente no se tomaron con base en críticas por género y, peor aún, ni siquiera se tomaron sobre los dichos “literales” del presidente, sino en las interpretaciones que tanto el Tribunal, como el Instituto Electoral hicieron.

Es decir, las dos instituciones electorales más importantes del país dictaron medidas de censura contra el presidente, a petición de la senadora Xóchitl Gálvez con base, en simples y llanas invenciones.

A diferencia de lo que hicieron las autoridades, esta no es una invención o una simple interpretación mía. En entrevista para el Instituto Mexicano de la Radio, autoridades del Tribunal Electoral aceptaron que la sanción no se basa en la “literalidad” de las palabras del presidente, sino en el proyecto que envió la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

Por su parte, la consejera presidenta de esta comisión, Claudia Zavala dijo en entrevista para Fórmula que “no hay ninguna tergiversación, se decidió que las manifestaciones del presidente contenían elementos de género porque se dirigían a Xóchitl en su calidad de mujer”,

Ambas autoridades, reconocen que sancionaron y censuraron al presidente a pesar de que el proyecto estaba integrado sobre palabras que no eran las suyas y que tuvieron que ser interpretadas para que el castigo tuviera algo de sentido.

Ojalá que las autoridades electorales valoren más los hechos y lo que dice la ley, y no lo que les dice su imaginación o, tal vez, sus posturas ideológicas personales.