Por Naldy Rodríguez
https://www.sprinforma.mx/noticia/el-plan-c-y-las-instituciones-de-transparencia
6 min Transparencia 3.0
Bajarán la cortina el INAI y los órganos estatales en México
Las leyes como la sociedad misma están en constante evolución. En muchos casos es la propia ciudadanía la que empuja, exige y válida el marco jurídico que regulará su convivencia y desarrollo para la realización de sus actividades de forma pacífica.
El pasado 2 de junio, un 60 por ciento de las personas que ejercieron su derecho al voto lo hicieron a favor del proyecto de nación y con ello avalaron la transformación institucional de México. El conocido “Plan C”, presentado por el presidente de la República, Andres Manuel López Obrador, considera 18 reformas constitucionales.
Después de la reforma constitucional de 2011, que cambió el paradigma de garantías a derechos humanos, estableciendo diversos principios y la interpretación de las normas de conformidad también con tratados internacionales, esta será la más grande y profunda modificación a nuestra Carta Magna de los últimos tiempos.
Entre las reformas a la Constitución federal se encuentra la modificación del artículo 6, en el que actualmente se reconoce el Acceso a la Información y el de Protección de Datos Personales como derechos humanos fundamentales y otorga la facultad de vigilar el cumplimiento de las instituciones públicas a un órgano autónomo y especializado. Así nació hace 22 años el IFAI, lo que hoy lo conocemos como INAI.
Le decía a un buen amigo. No es sólo una reforma al INAI y a los procedimientos para impugnar cuando una dependencia incumple. Hay que decirlo claramente: Se trata de la desaparición del órgano nacional y de las instituciones estatales que velan por estos dos derechos.
La propuesta que se encuentra para reformar el artículo 6 de la Constitución Política de México señala que: “los sujetos obligados contarán con las facultades suficientes” para la atención de los dos derechos y en caso de inconformidad la revisión recaerá en las “autoridades de control Interno”.
Es decir, no nacerá otro ente especializado ni se remitirán las atribuciones en la materia a otra institución autónoma como pudiera ser la Auditoría Superior de la Federación y en los estados, los órganos de fiscalización.
“…La competencia de las autoridades de control Interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados”, señala la iniciativa que fue presentada en la Cámara de Diputados el pasado ocho de febrero.
La propuesta no establece quién tendrá la atribución de capacitar a los propios sujetos obligados y ahora a sus Contralorías Internas; pierde de vista la función de socializar entre la población los dos derechos y las tareas encomendadas en materia de gobierno abierto; pero sobre todo queda en el limbo quien atenderá las quejas y posibles vulneraciones de datos personales por parte de particulares y empresas (el pan nuestro de cada día con el avance de la tecnología y las redes sociales).
El dinero que se presupuesta para el INAI se irá al fondo de pensiones, mientras que la infraestructura tecnológica y sistemas pasarán al Poder Ejecutivo y al INEGI; pero ningún transitorio de la reforma considera -hasta ahora- qué pasará con los archivos que estén bajo resguardo del órgano nacional y de los órganos locales autónomos.
El modelo de autorregulación por parte de los propios sujetos obligados, de ser juez y parte, es poco viable. Una reforma a las instituciones de transparencia sí sería necesaria para modificar y hacer más eficientes sus procedimientos (sobre todo en la etapa de cumplimiento), reducir su estructura orgánica (quizás eliminando los Plenos) y para hacer instituciones más austeras acordes a la realidad y demanda actual.
En el recuento de daños, hay que reconocerlo: por parte de las instituciones que deben velar por ambos derechos se perdió la batalla mediática y se quedó a deber a la sociedad, no se logró convencer a la población en general que son derechos humanos “fundamentales”, tal vez no básicos, pero sí prioritarios en una sociedad democrática y en un México transparente y rendidor de cuentas.
No son las únicas instituciones que desaparecerán del escenario público y político de México, pero sí podrían ser los primeros junto con el IFT, Cofece y el Coneval. Seguramente con el fin del ejercicio fiscal bajarán la cortina.
En el 2025 tocará el turno de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y de los Tribunales Electorales Estatales; así como del Consejo de la Judicatura Federal y de los Estatales.
El que sí se transforma es el INE para convertirse en Instituto Nacional Electoral y Consultas (INEC), el cual concentrará todas las elecciones, reducirá su Pleno y sus integrantes serán también electos por el pueblo.
México tiene grandes necesidades en infraestructura carretera, educativa y agrícola, se requieren mejores salarios para policías y docentes; pero también debemos garantizar esos derechos de tercera generación. El acceso a la información y la protección de datos personales no es “para unos cuantos”, es para todas y todas, por un país libre de corrupción, que permita un desarrollo y crecimiento sostenible.
Twitter @ydlan
Transparencia3.0@outlook.com
Una vez más, se encuentra la sombra de las agencias estadounidenses, particularmente la DEA, cuyo rol en la desestabilización del narcotráfico mexicano ha sido constante.
Se ha dicho, una y mil veces, que los jueces actuales no están para politizar sino para dictar el derecho, para cumplir con la ley, para hacer valer la ley, pero ellos mismos violan la ley de Amparo.
El 19 de octubre se conmemoró el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, pero todo el mes está lleno de actividades y programas en alusión a esta temática.
Genaro García Luna quien se decía ser el súper policía de México, le cedió todo el poder de la seguridad pública nacional en todos sus sectores y en todas sus vertientes a la delincuencia organizada.