Ecuador en la encrucijada: denuncias de fraude electoral y crisis democrática en las elecciones de 2025

Para Ecuador el camino recorrido hasta la elección del pasado 13 de abril de 2025 está colmado de momentos dolorosos que han colaborado con la destrucción de los logros de la Revolución Ciudadana emprendida por Rafael Correa en 2007. Primero fue la elección de 2017 que refrendó el apoyo a Rafael Correa y al Movimiento Alianza País, seguido de la traición y la persecución de los miembros del movimiento por parte del gobierno de Lenín Moreno. Después fue la elección de 2021, cuando Andrés Arauz logró obtener el primer puesto en la primera vuelta electoral, seguido de un descalabro político frente al banquero Guillermo Lasso en el balotaje. 

Más tarde, en 2023 se abrió un nuevo espacio de oportunidad y la posibilidad de una victoria electoral para la Revolución Ciudadana en Ecuador. Sin embargo, el asesinato del asambleísta y candidato presidencial Fernando Villavicencio el 17 de mayo de 2023 inclinó la balanza y redujo las posibilidades de una nueva victoria, encaminando el voto hacia un candidato que puso en el centro un proyecto sumamente violento de combate a la inseguridad frontal: Daniel Noboa. 

Los 17 meses de gobierno de Daniel Noboa han estado caracterizados por un aumento en los niveles de la crisis de seguridad, una profundización de la crisis económica, la apertura de una crisis energética que tuvo su momento más cruento en 2024, la militarización del país y un estado de excepción permanente. A las elecciones de 2025 se llegó con un país que ha dado un giro rotundo en tan solo ocho años. En un período muy corto de tiempo el tema de la seguridad, la desigualdad y la seguridad energética se han desplomado. Noboa se presenta como ganador de la elección de 2025 sin mostrar mejoras claras en ningún rubro, con una política fallida de seguridad que ha enfurecido a todos los sectores sociales ecuatorianos, con el recuerdo de cortes de luz de hasta 14 horas, una política sistemática de violación y persecución contra opositores y con una diplomacia que ha alejado a Ecuador de sus vecinos. 

En la actualidad, Ecuador es el segundo país más peligroso de América (solo por detrás de Haití). Entre 2007 y 2017, durante el gobierno de Correa, Ecuador vivió una reducción de la violencia cuando la tasa de homicidios pasó de 15.86 homicidios por cada 100,000 habitantes a 5.79 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que llevó a Ecuador a convertirse en uno de los países más seguros de la región. Desde el año 2020 hemos presenciado un fuerte aumento de la violencia ligado a la expansión del narcotráfico y a las guerras entre bandas criminales. La crisis de seguridad ha mostrado sus peores momentos en los años en los cuales ha gobernado Daniel Noboa (2023-2025). En 2023 Ecuador vivió el año más violento de los últimos diez años llegando a una tasa de 45.7 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2024 la tasa de homicidios se redujo, pero se mantuvo alta, y en 2025 los niveles de inseguridad son tan altos que los datos arrojan un asesinato cada 60 minutos y una tendencia que apunta a un nivel de homicidios superior al de 2023. 

Los datos respecto a la desigualdad, consultando el Coeficiente de Gini, en Ecuador nos muestran elementos significativos. Después de una reducción de la desigualdad durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) en la que el Coeficiente de Gini pasó de 0.534 en 2007 a 0.447 en 2017, podemos apreciar un cambio en la trayectoria y estancamiento en el planeamiento en la lucha contra la desigualdad. En la actualidad el Coeficiente de Gini se mantiene en 0.446. 

En este momento, con más del 98% de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ha dado la victoria del balotaje del pasado domingo a Daniel Noboa. Según la información expuesta por el CNE, señala que Noboa habría logrado el 55.6% de la votación, mientras que Luisa González habría conseguido 44.3% de la votación. Sin embargo, la elección ha estado plagada de un sinnúmero de irregularidades que dificulta creer que estas se hayan realizado en el marco de la legalidad. 

En primer lugar, Noboa se mantuvo en su cargo como presidente de la república mientras era candidato, condición que se encuentra entre las prohibiciones generales para candidatos establecidas en el artículo 113 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 y en el artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral de 2009. Debido a esta posición, Noboa pudo violar la veda electoral en diferentes momentos y hacer uso de dinero y medios públicos para su campaña. 

En segundo lugar, y relacionado al mantenimiento de su cargo como presidente de la República, Noboa lanzó el Decreto Ejecutivo 599, a menos de 24 horas del proceso electoral, en el que estableció estado de excepción en siete provincias del país (Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos), en estas siete provincias Luisa González había logrado victorias en la primera vuelta electoral. El decreto posibilitó la realización de intervención de comunicaciones y vivienda.  En tercer lugar, ligado también a la capacidad de toma de decisiones desde el ejecutivo, Noboa ordenó un cierre de fronteras con Colombia y Perú que impidió la llegada de más observadores electorales y de periodistas. 

En cuarto lugar, el Consejo Nacional Electoral, apoyado por la Corte Constitucional, aprobó una norma emitida a petición de Daniel Noboa que prohibió el uso de celulares en casilla para los votantes, testigos, jurados y para los miembros de las misiones de observación electoral. Este mecanismo fue una previsión nueva, sin referentes anteriores, y dificultó el proceso de recabamiento de pruebas durante los escrutinios. 

Por último, la elección también nos deja frente a grandes incertidumbres en relación a dos hechos: en primer lugar, ninguna de las encuestas previas mostraba la victoria de Daniel Noboa ni anticipaba una victoria con un amplio margen de ventaja. En segundo lugar, genera desconfianza que Luisa González haya tenido apenas un aumento de 0.3% (aproximadamente 90,000 votos) después de haber sellado una alianza con Leónidas Iza del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, quien obtuvo 5.2% (aproximadamente 500,000 votos) en la primera vuelta presidencial. 

Ante un gran número de irregularidades, es imposible decir que el proceso del pasado domingo se desarrolló en un ambiente democrático y se puede alegar que no existieron las condiciones para asegurar la certeza del proceso para la oposición. Luisa González señaló en su primer acto público después del proceso electoral:  "Denuncio ante mi pueblo, los medios y el mundo, que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos viviendo el fraude electoral más grotesco de la historia de la República del Ecuador".  Además, González ha exigido la realización de una investigación rápida e inmediata para esclarecer una serie de irregularidades que se vieron durante la elección. No debemos olvidar que la Revolución Ciudadana ha tenido siempre un talante democrático y ha aceptado sus derrotas cuando los comicios no les han favorecido. Hoy la Revolución Ciudadana hace un llamado a respetar una muy posible victoria que fue sepultada por el fraude electoral. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2025. 

Fuente: Banco Mundial, 2025.