Donde informar se castiga

En México, hacer periodismo sigue siendo una actividad marcada por el riesgo y la amenaza constante. Así lo demuestra el más reciente informe de ARTICLE 19, titulado “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información”, que revela un panorama alarmante sobre el estado de la libertad de expresión en el país. 

El documento, presentado en el Centro Cultural España de la Ciudad de México, expone con datos y testimonios cómo los ataques contra la prensa se han convertido en una rutina más que en una excepción. Durante 2024, se registraron 639 agresiones contra periodistas, lo que significa un aumento del 13.9% en comparación con el año anterior. En promedio, se agredió a un periodista cada 14 horas. Cinco de ellos fueron asesinados, entre los que destaca Mauricio Cruz Solís, el primero bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Lo más preocupante es que no sólo se trata de violencia física o amenazas directas: también ha crecido el uso del sistema judicial como herramienta de censura. En el último año, se abrieron 21 procesos legales contra periodistas, muchos de ellos por publicar investigaciones relacionadas con violencia política de género. Esto demuestra que la censura se adapta, cambia de forma, pero sigue presente.

El trabajo de A19 México deja claro que el Estado mexicano continúa siendo el principal agresor de la prensa, con 287 casos documentados de funcionarios públicos involucrados en ataques a medios y periodistas. Las agresiones ya no sólo vienen del crimen organizado o actores locales con poder; también nacen desde las instituciones que deberían garantizar derechos y proteger la libertad de expresión. 

Uno de los focos críticos sigue siendo el espacio público desde donde se construye el discurso oficial. Aunque se ha moderado el tono de las conferencias matutinas del gobierno federal, estas siguen siendo usadas como una plataforma para descalificar y estigmatizar al periodismo. Las agresiones se extienden por todo el país, pero hay estados donde los ataques son más frecuentes: Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Puebla y Guanajuato encabezan la lista. 

El problema no distingue región ni medio: afecta a periodistas de grandes plataformas nacionales y también a quienes trabajan en medios locales o comunitarios, donde la exposición es alta y la protección, casi nula. Además, el entorno digital se ha convertido en un nuevo campo de batalla. Uno de cada cinco ataques ocurre en redes sociales, donde el acoso, la difamación y las campañas de odio buscan callar voces incómodas, especialmente de mujeres periodistas o de quienes abordan temas sensibles como corrupción o violencia de género. En este contexto, el informe subraya un dato que no se puede ignorar: más del 84% de los casos reportados ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión siguen impunes.

ARTICLE 19 propone medidas claras: construir una política pública de protección a periodistas que se enfoque en prevenir, investigar y reparar los daños. No basta con reaccionar a las agresiones; es necesario evitar que ocurran, castigar a los responsables y garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor sin temor. 

También llama a abrir un diálogo real entre el gobierno y la sociedad civil, para que el derecho a informar y a estar informado deje de ser una promesa y se convierta en una garantía. Para quienes consumen noticias todos los días, comparten contenido en redes o buscan entender lo que ocurre en su país, este tema es más cercano de lo que parece. 

México, a pesar de sus avances, aún tiene grandes retos para poder lograr un ecosistema funcional para los medios de comunicación. Por ejemplo, una Ley de publicidad oficial que impida entregar el recurso público a los amigos de los gobernantes en turno (federales y locales): la tan solicitada reestructura del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que algunos políticos entendieron como recorte y desamparo, pues aún bajo su resguardo continúan asesinado prensa; intermediación entre el gobierno y empresarios de las redes sociales con el objetivo de que dejen de lucrar ilegalmente con el trabajo de periodistas; inspecciones de la Secretaría del Trabajo para que ningún comunicador trabaje sin seguridad social; liberación del espectro radioeléctrico a proyectos comunitarios de comunicación, son sólo algunos de los temas que México tiene pendientes. La libertad de expresión no es solo un derecho de los periodistas, es una herramienta que todos usamos para tomar decisiones, exigir justicia o simplemente entender el mundo. Defenderla no es solo un acto político: es defender el futuro.