Defensoría Públicas de calidad, demanda popular

Uno de los nueve foros que se llevaron a cabo en el congreso de la república en torno a la reforma al Poder Judicial, así como en otros estados, es el concerniente que tuvo lugar en Coahuila, donde se abordó el tema de la defensoría pública, siendo este tema – a mi parecer – la otra cara de la moneda y sumamente importante. Pues si bien, por un lado, necesitamos a jueces, magistrados y ministros legitimados, honorables, capacitados y comprometidos con la justicia, también requerimos por el otro lado, un sistema adecuado de defensorías públicas, a nivel local y federal.

Si queremos disminuir la deficiencia de acceso a la justicia en México, debemos considerar en la reforma 3 elementos; 

• Primero, la reforma que prácticamente es la que se ha abordado durante los meses pasados, que es la designación de jueces, magistrados y ministros, 
• Segunda, veo necesaria una integración de reforma a las fiscalías, pues, así como hay caso de éxito (caso de la Ciudad de México), vemos otras fiscalías sumamente cuestionables (como ocurre en Morelos, Guanajuato y Nuevo León).  En las fiscalías como autoridades investigadoras hay deficiencias y actos niveles de corrupción.
• Tercera, me refiero a la trinchera de la defensoría para las víctimas y ofendidos, ya que es a través de esta defensa, es como cientos de mexicanos vulnerables ven viable defender sus intereses si es que no tiene la capacidad económica de contratar a un abogado particular.

La defensoría pública no solo es una demanda popular, es un deber, pues es a través de esta figura, miles de mexicanos pueden acceder a una defensa gratuita, y que así, no se les vea coartado su derecho de acceder a una adecuada impartición de justicia.

En el 2022 el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), hoy a cargo de la Magistrada Taissia Cruz Parcero, cuenta con 3 mil 030 servidores públicos, de estos, 872 se desempeñaron como defensores públicos y 344 fueron asesores jurídicos; del total del personal de IFDP la mayoría de estos se concentraron en la Ciudad de México, con 144 defensores; en segundo lugar, Baja California con 90 y jalisco con 76 y Edomex con 75; en último lugar se encuentra Tlaxcala con 11 defensores públicos,

En el mismo año, tan solo el IFDP atendió 32,579 asuntos por parte de los defensores públicos y se dieron más de 41 mil asesorías. Las materias que más se atienden por el Instituto en el año 2022 son en materia administrativa con 27.2%; amparo con 19.5%; migrantes con 17.3%; civil con 15.7%; laboral con 14.8%, penal con 2.9% y fiscal con 1.3%.[1]

Lamentablemente en materia de defensorías públicas las deficiencias son varias, destacando 3 principalmente:

1. Falta de capacitación a los servidores públicos para proporcionar una defensa de calidad, si bien, el IFDP durante la titularidad del Mtro. Netzaí Sandoval se vio mejorada considerablemente lamentablemente esto no ocurre a nivel estatal; donde muchos mexicanos en situaciones de conflicto legal, pese a que es su derecho tener acceso a un defensor público u abogado de oficio, no se los dan, o si se los dan, nunca son atendidos.
2. Deficiencia salarial, el salario de los defensores públicos federales no es proporcional a la carga de trabajo y las responsabilidades que abrazan en el ejercicio de su trabajo, pues el promedio de ingresos ronda en los 20 mil casos, ingreso inferior al de los Ministerios Públicos que ronda los 25 mil pesos y muy por debajo de las jueces, magistrados y ministros. Se debe mejorar el salario de las y los defensores para garantizarles una calidad de vida digna.
3. Saturación de trabajo, si sumamos los 32 mil 579 asuntos y las 41 mil asesorías, estamos hablando de cerca de 73 mil casos entre asesorías y asuntos; de los cuales solo poco más de 3 mil servidores públicos están atendiendo anualmente; lamentablemente en el caso de los estados esto no disminuye, al contrario, se encrudece.

En el foro que tuvo lugar en Coahuila, el abogado constitucionalista Rogelio Rodríguez Garduño, mencionó el dato de que hay 440 mil abogados en México, mismos que potencialmente pueden hacerse cargo de la defensa, si bien estos 440 mil abogados, como bien señala que quizá no todos están capacitados; por ello ¿la abogacía tendrá que colegiarse? El debate está en la mesa y los alcances o procesos de cómo colegiar, lo que sí es claro, es que se necesita profundizar en la reforma en materia de las defensorías públicas.

[1] https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnijf/2023/doc/cnijf_2023_resultados.pdf