Caso Ayotzinapa: Derecho a la verdad

A ocho años del crimen de Estado ocurrido durante la noche de aquel 26 y madrugada del 27 de septiembre en Iguala, Guerrero; el gobierno de la república encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado su compromiso por resolverlo. No se cierra la investigación ni hay “carpetazo”.

Tampoco hay marcha atrás para ir al fondo y garantizar el derecho a la verdad y la justicia que asiste a los jóvenes estudiantes, sus familiares y, desde luego, a la sociedad.

ACCESO A LA JUSTICIA

Colocamos el dedo en la llaga al analizar y recordar cómo se hicieron evidentes los problemas del sistema de procuración de justicia en nuestro país durante el sexenio que sostuvo una supuesta “verdad histórica”. Esta “verdad” que resultó ser, más bien, la “mentira histórica”, y que se sustentó en declaraciones obtenidas mediante tortura y fabricación de pruebas. Con una participación directa de agentes estatales o aquiescencia de éstos, vulnerando las obligaciones de respeto y de garantía.

De hecho, México está entre los 16 países que han sido condenados por el Tribunal Interamericano, precisamente por casos de desaparición forzada de personas.

Hoy, existe una diferencia sustancial, una narrativa distinta a la “mentira histórica”. Hay una ruta trazada, un compromiso real que representa cumplir a cabalidad con la encomienda asumida ante las madres y padres de los estudiantes normalistas; sin tortura y sin violar la ley.

Y es que el derecho a conocer la verdad, tal y como lo ha considerado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene como efecto necesario que, en una sociedad, se conozca la verdad sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Es una justa expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos, y por el otro con la divulgación publica de los resultados de procesos penales e investigativos.

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en su artículo II, establece que: “…se considera desaparición forzada a la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa de reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.”

Es pues el Estado, quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio.

En esa tesitura y dejando de lado la simulación, ha sido el propio Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno federal, Alejandro Encinas, quién puntualmente ha informado sobre los avances del caso.

Según dicho informe dado a conocer el pasado 21 de agosto, por parte de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, se retomaron las investigaciones y estudios realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, se han diseñado e implementado las medidas de protección y colaboración para quienes brindan información.

En suma, han sido poco más de 41,168 documentos (informes, comunicaciones, radiogramas, mensajes, llamadas telefónicas, cartografías, videos, fotografías, informes de operaciones, minutas de trabajo, bitácoras de búsqueda en campo, etc.) que se han integrado y digitalizado con información vinculada a los esos hechos.

HAY REACCION PORQUE HAY ACCION

La tremenda “sacudida” de las viejas estructuras del poder, ha generado reacción. Increíblemente, hay quienes desean y pretenden impunidad en el caso Ayotzinapa lanzando acusaciones inverosímiles.

Aun con ello, y parafraseando al propio Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno federal, ha sido enfático en que: “Sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás…”

Se alcanzará la verdad.