Amparos contra la 4T

Esta semana, se dio a conocer que la Secretaría de Educación Pública suspendería la implementación del nuevo plan de estudios de educación básica que entraría en operaciones, como programa piloto en 960 planteles del país este sábado 29 de octubre.

¿La razón? Un juez otorgó una suspensión provisional promovida por la organización “Educación con Rumbo”.

La coordinadora nacional de Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia, aseguró que la decisión del juez es “un triunfo para el Estado de Derecho” y que ahora, la SEP deberá “subsanar y llenar vacíos de incertidumbre señalados por el Poder Judicial de la Federación como son: la falta de capacitación de maestros, la certeza de materiales y planes a utilizar, así como el alcance de las escuelas”.

Por su parte, la SEP informó que, en atención a los juicios de amparo, se suspenderá el programa piloto de manera temporal, sin embargo, la formación para docentes sobre el plan de estudios para el Calendario Escolar 2022 - 2023, seguirá en pie.

Esta no es la primera ocasión en que se utiliza la vía legal y judicial para frenar, suspender o revocar programas, leyes y proyectos de la Cuarta Transformación.

De hecho, prácticamente todos los proyectos prioritarios y las reformas de gran calado, han sido atacadas por la vía del amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad.

La reforma a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fijaba el sueldo del Presidente de la República como monto máximo de percepciones para los servidores públicos (bajo el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre) recibió cientos de amparos de funcionarios que argumentaban que la medida violaba sus derechos laborales.

De igual manera, recibieron decenas de amparos la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, el decreto de creación del Instituto de Salud Para el Bienestar, la Ley de Amnistía, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de la Industria Eléctrica, los nombramientos de los consejeros presidentes de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos autónomos.

Los proyectos prioritarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también han sido blanco de esta guerra jurídica.

La construcción del Tren Maya se ha enfrentado a estrategias de la misma naturaleza, específicamente en el Tramo 5 que va de Tulum a Cancún, dos de los principales destinos turísticos del país y en los que, evidentemente, hay muchos intereses económicos que se escudan en la legítima lucha por el medio ambiente.

El proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles recibió más de 140 amparos durante su construcción, promovidos principalmente por el colectivo #NoMásDerroches conformado por Causa Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Coparmex, el Consejo General de Abogacía Mexicana, México Unido Contra la Delincuencia y por último, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Revisando los nombres de las asociaciones y sus integrantes, podríamos considerar que más que intereses legítimos en todas estas demandas y amparos, hay intereses económicos y partidistas contrapuestos al proyecto de Nación que impulsa la Cuarta Transformación.

Para tener un poco de perspectiva, entre septiembre de 2018 y julio de 2021, se promovieron, al menos, 32 demandas de acción de inconstitucionalidad, 18 demandas de controversia constitucional y miles de amparos contra decretos expedidos por las Cámaras del Congreso de la Unión.

En contraparte, durante los primeros 3 años el gobierno de Enrique Peña Nieto, solo se promovieron 12 demandas de acción de inconstitucionalidad y no se presentaron controversias. A pesar de que fue justamente en ese periodo en que se aprobaron las llamadas “reformas estructurales” del Pacto Por México.

Es decir, a pesar de que se aprobó la Reforma Energética que liberalizó los precios de los combustibles y derivó en gasolinazos para los usuarios y desfalcos para la Comisión Federal de Electricidad, no hubo lluvia de amparos y acciones de inconstitucionalidad.

Pese a que se aprobó la Reforma Laboral que “flexibilizaba el mercado de trabajo” y derivó en decenas de miles de contratos por outsourcing, despojando a las y los trabajadores de sus derechos laborales y pauperizando cada vez más sus condiciones, las asociaciones de la sociedad civil que hoy promueven recursos legales en defensa de lo que llaman “causas justas”, no hicieron nada.

Aunque se aprobó la Reforma Educativa que no mejoró la calidad de la educación, ni garantizó el derecho de las y los mexicanos a la educación, sino que estigmatizó a las y los docentes, no hubo interés por promover amparos.

Esto confirma una de las tantas evaluaciones que el presidente López Obrador ha hecho sobre la evolución del aparato gubernamental en el periodo neoliberal. El presidente habla de la creación de un Estado paralelo que servía como escenario de simulación y como bastión de defensa de los intereses de la -ahora- oposición.