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6 min Habitantes de comunidades aledañas a la mina Calica, ubicada en Solidaridad, Quintana Roo, presentaron una acción colectiva contra la empresa CALICA (Sac-Tun) denunciando violaciones por parte de la compañía al derecho constitucional a un medio ambiente sano y libre de contaminación.
Aunado a esto, también argumentan la violación al derecho superior de las niñas y los niños a un desarrollo saludable. Debido a estos dos argumentos, exigen a la empresa llevar a cabo labores de remediación o reposición por el daño causado al acuífero y a la biodiversidad.
El representante de los demandantes, Quetzal Tzab, informó que se dieron a conocer estudios realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el instituto de Ecología y Cambio Climático, que muestran presencia de diversos contaminantes dañinos para la salud tanto de pobladores como para el ecosistema.
Además, detallaron las violaciones permanentes por parte de la empresa registrados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mismas que han provocado un deterioro ambiental observable en la zona.
Por su parte, Raúl Benet, asesor ambiental de los demandantes, detalló que durante más de treinta años Calica (Sac-Tun) ha detonado grandes cantidades de explosivos del tipo de los hidrogeles, perforando barrenos por debajo del nivel freático, además de verter al acuífero concentraciones de nitritos y otros contaminantes.
Asimismo, acusó que la empresa minera ha “liberado a la atmósfera y al mar caribe inmensas cantidades de finísimo polvo calizo” mismo que aseguró es dañino para las personas, especialmente la niñez.
Aunado a esto detalló que “esta y cualquier otra empresa que viole las condicionantes establecidas en sus permisos, y que tenga como resultado un grave deterioro ambiental y la violación de los derechos de la colectividad, tienen que ser llevados a juicios, sus operaciones deben ser clausuradas definitivamente” y agregó que deben responder por los daños ambientales y sociales derivados de sus operaciones.
Tzab aseguró que, aunque las clausuras efectuadas por el gobierno mexicano, “es imprescindible que la empresa pague o lleve a cabo las acciones sustitutas que dicte el juez, por los inmensos daños causados”.
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