La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para prohibir el cultivo de maíz transgénico, así como que contenga cualquier otra modificación genética. Además, el dictamen prohíbe concesiones para minería a cielo abierto y contratos para la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, con excepción en casos que determine el Ejecutivo.
La reforma también evitará concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento del agua cuando se trate de zonas con baja disponibilidad en cantidad y calidad.
Con esta modificación se reconoce al maíz como parte de la identidad de México. Cabe destacar que, de acuerdo con Mercedes López Martínez, representante de la Comunidad Demandante Contra el Maíz Genéticamente Modificado, 90% del maíz en Estados Unidos contiene glifosato o algún otro componente químico que los modifica.
En entrevista exclusiva para los Medios Públicos con el periodista Jenaro Villamil, Mercedes López Martínez detalló que si bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como “probablemente cancerígeno” al glifosato, esto se debe a las presiones de las grandes transnacionales estadounidenses, como Monsanto, pese a los estudios científicos.
Cabe recordar que en 2022 Monsanto obtuvo un amparo contra el decreto presidencial que le prohibía la venta de maíz transgénico en México para eliminar en 2024 el uso de glifosato, sin embargo, la empresa productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura rebatió las acciones que le pedían reemplazar el uso, distribución, adquisición, promoción e importación del químico.
Por último, López Martínez detalló que, si bien ya existe una mayor cobertura a la importancia de eliminar el consumo humano de maíz transgénico, aún hay medios de comunicación que responden a los intereses de las grandes empresas transnacionales.