El Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la que el Estado mexicano deja de considerar el agua como una mercancía y avanza en la garantía plena del derecho humano al agua y al saneamiento.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) precisó que las modificaciones no afectan derechos adquiridos ni frenan actividades productivas, pues su propósito es impedir prácticas de concentración y fortalecer la administración sustentable del agua. Aunque la ley amplía atribuciones a nivel federal, mantiene mecanismos de coordinación con gobiernos estatales y municipales, por lo que la gestión seguirá siendo una responsabilidad compartida.
Como parte de su implementación, la Conagua elaborará la Estrategia Nacional con la colaboración del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este instrumento establecerá escenarios y metas a 10, 20, 40 y 60 años, con revisiones obligatorias cada década para actualizar diagnósticos, proyecciones y objetivos según el comportamiento del cambio climático y la disponibilidad del recurso.
La Estrategia tendrá además un enfoque sistémico que incluirá la evaluación de las políticas en curso, medidas para enfrentar la desigual distribución del agua, propuestas para fortalecer la adaptación ante fenómenos hidrometeorológicos y acciones para reducir vulnerabilidad social y daños a ecosistemas.
Dentro de las políticas para garantizar el derecho humano al agua, la Ley incorpora instrumentos como el Programa Nacional Hídrico, los programas regionales y de cuenca; el Registro Público Nacional del Agua; indicadores de eficiencia y calidad en materia hídrica, social, económica y ambiental; así como el Sistema Financiero del Agua.
Una de las disposiciones centrales establece que el acceso al agua es un derecho humano del que todas las personas deben gozar, por lo que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro por falta de pago. En cualquier caso, deberán garantizar una cantidad mínima indispensable para el consumo básico.
La Conagua reiteró su compromiso de mantener un diálogo abierto con usuarios, autoridades locales y organizaciones sociales, y aseguró que acompañará a los sectores productivos en la transición hacia un uso más sustentable del recurso, en beneficio de todo el pueblo de México.