Gobierno de Chihuahua destinaría oficina en Torre Centinela para agentes de la DEA y el FBI

La sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, conocida como “Torre Centinela” contempla destinar un piso completo para la operación de agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (“DEA”, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (“FBI”), Aduanas y Protección Fronteriza (“CBP”) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), entre otros, de acuerdo con el titular de la dependencia, Gilberto Loya Chávez.

Loya Chávez informó que se prevé que en el piso 18 de la Torre, que entró en funcionamiento el pasado 17 de abril, operen agentes de dichas agencias en un esquema de colaboración con autoridades estatales, así como como con elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. 

De acuerdo con sus declaraciones, el gobierno estatal cuenta con la competencia para autorizar este tipo de colaboración de alto nivel; sin embargo, “en paralelo corren todos los procesos para que la cancillería de México autorice el siguiente nivel de colaboración”.

“En el nivel de colaboración que tenemos, es suficiente con las facultades estatales para poder cooperar con estas agencias de manera permanente, implica intercambio de información, y para ello por supuesto que la torre está abierta para la presencia eventual y, en su caso, permanente de estas agencias”, expresó. 

Gilberto Loya declaró que este nuevo marco de colaboración “exclusiva de fusión de información” se gestionó desde el mes de octubre y afirmó que los agentes participarán en labores de videovigilancia e investigación y “no realizarán trabajo policiaco en campo”. 

“El centro de fusión de información concentrará capacidades tecnológicas, plataformas de videovigilancia y sistemas de análisis de datos, para la investigación de ilícitos como tráfico de migrantes y armas de fuego, narcotráfico y otros relacionados a delincuencia organizada”, indicó. 

Aunque las autoridades estatales afirman que se trata de un esquema de colaboración reciente, en 2023 la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el gobernador de Texas, Greg Abbot, firmaron un Memorándum de Entendimiento que ha permitido a agencias de seguridad estadounidenses el acceso a la plataforma “Centinela” de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que cuenta con 4 mil cámaras de videovigilancia. 

El documento establece que los estados “trabajarán de manera colaborativa para asegurar que los vehículos que crucen un puerto de entrada internacional cumplan las normas de seguridad, para reducir el tráfico de personas y el contrabando de fentanilo y otros narcóticos, y para detener el flujo de migrantes procedentes de más de 100 países que ingresan a Texas de manera ilegal a través de Chihuahua, incluyendo responder a las áreas de conflicto según las vaya identificando el Departamento de Seguridad Pública de Texas”.

Además, indica que “Chihuahua ha iniciado y continuará realizando mayores medidas de seguridad en su frontera, tanto en los puertos de entrada como a lo largo del río Grande, para prevenir la migración ilegal desde Chihuahua hacia Texas. Estas medidas incluirán la plataforma Centinela, la cual es una inversión tecnológica de casi 200 millones de dólares”.

En tanto, el gobierno de Chihuahua puso a disposición la Torre Centinela para monitorear camiones de carga con exportaciones de las maquiladoras para detectar, evitar cruces irregulares de migrantes y combatir el tráfico de personas; en tanto que ofreció drones de la plataforma Centinela para proveer de vigilancia el muro que divide ambos países. 

Aunado a ello, agencias como el FBI suscribieron convenios de capacitación y otro tipo de acuerdos en la materia con autoridades estatales. 

Esta información se ha difundido públicamente luego de que dos agentes estadounidenses perdieran la vida en una operación en Chihuahua, en una acción que no fue reconocida por el Gobierno Federal y que implica la violación a la soberanía nacional.

Aunque se ha solicitado a la gobernadora que presente la información y criterios a partir de los cuales se autorizó la introducción y operación de agentes extranjeros en el estado, Campos Galván no ha emitido una aclaración al respecto.