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  • 11 Nov 2022
  • 18:11
  • SPR Informa 6 min

Firman acuerdo para avanzar en reparación del daño por crímenes de la Guerra Sucia

Habitantes de la comunidad de El Quemado, en el municipio de Atoyac, Guerrero, firmaron un acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para trazar una ruta clara para indemnizar a las familias de víctimas por crímenes ocurridos durante el periodo llamado “Guerra sucia”. 

El acuerdo compromete a que representantes de la CEAV acudirán el próximo 18 de noviembre a la comunidad para revisar los expedientes de manera individual. Además, representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) adelantaron que las indemnizaciones se podrían comenzar a cubrir el próximo año.

Este acuerdo tuvo lugar luego de que el pasado miércoles varios habitantes de esta comunidad iniciaran una huelga de hambre frente a Palacio Nacional exigiendo que se acelerara el proceso de reparación del daño a la comunidad, una demanda que lleva décadas atrasada. 

El Quemado es una comunidad de alrededor de ochocientos habitantes que vivió uno de los episodios más cruentos de la llamada “Guerra sucia”, el proceso de represión del Ejército mexicano y la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) a los movimientos políticos y armados de izquierda del siglo pasado. 

En 1972, miembros del Ejército detuvieron, torturaron y desaparecieron a 93 varones de la comunidad de El Quemado. Los soldados acusaron a los habitantes de estar apoyando a Lucio Cabañas, líder del Partido de los Pobres movimiento y guerrilla que abogaba por el fin de los cacicazgos y la redistribución de la riqueza.

La represión no paró ahí, 15 habitantes fueron aprehendidos y sentenciados a 30 años de prisión, aunque la mayoría fueron liberados a los pocos meses. Veinticuatro personas pasaron más de cuatro años en prisión, siete fueron asesinados y siete desaparecidos en meses posteriores. La ocupación en El Quemado duró hasta 1976. 

En las últimas décadas ha habido intentos por llevar justicia a la comunidad por lo ocurrido. En 2002, el gobierno de Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la cual avanzó en la compilación de testimonios y documentación del ejército y la DFS. Sin embargo, esta dependencia fue disuelta en 2007 por malos manejos de recursos y sin otorgar una sola sentencia condenatoria.

En 2018 con la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se retomaron las demandas de El Quemado y se ha avanzado en indemnizaciones a particulares, aunque todavía hay pendientes con la comunidad.