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  • 31 Jan 2024
  • 14:01
  • SPR Informa 6 min

Determina Gobierno de México que no existen transgresiones a los derechos laborales en la planta de Fujikura en Coahuila

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía (SE) determinó que no hay suficiente evidencia para asegurar que existen acciones que transgredan la legislación laboral mexicana o que determinen una denegación por parte de la empresa Fujikura Automotive México, ubicada en Piedras Negras, Coahuila.

Esto de acuerdo con el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Especificas (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además, el gobierno de México realizó una serie de acciones para fortalecer las capacidades de la empresa, de los trabajadores y del sindicato, las cuales son:

  1. Se publicó y difundió una carta compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y un documento que define los lineamientos de conducta por parte del personal de Fujikura Automotive México.
  2. Se reforzó la difusión de la política de la empresa sobre discriminación y acoso, además de igualdad de oportunidades.
  3. La compañía capacitó a todas las personas trabajadoras de la planta sobre el contenido de la carta de neutralidad y los lineamientos de conducta.
  4. La STPS capacitó a todas las personas trabajadoras de la planta sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en México,
  5. La STPS capacitó a todo el personal de Recursos Humanos en Fujikura, en sus seis plantas ubicadas en el país, sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.
  6. La STPS capacitó a todos los delegados sindicales de Fujikura, de las cuatro plantas de Coahuila, sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.

Con estas acciones, el Gobierno de México afirmó que “aunque no existen elementos que prueben una denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva por parte de Fujikura, mediante dichas acciones la empresa mostró su compromiso por respetar estos derechos”.

Los resultados de esta investigación fueron compartidos por México al gobierno de los Estados Unidos, en consecuencia, el cierre del caso será analizado por ambos gobiernos.