A 20 años de Pasta de Conchos: memoria, reparación y justicia

En la árida Región Carbonífera de Coahuila, donde se extrae el 99% del carbón del país, la minería representa una profunda contradicción: genera empleo, pero también ha cobrado decenas de vidas. En sus más de 16 mil kilómetros cuadrados, que abarcan municipios como Juárez, Múzquiz y Sabinas, la actividad minera ha marcado el desarrollo económico local, pero también ha dejado cicatrices imborrables, como las tragedias de Tragedia de Pasta de Conchos y Derrumbe en El Pinabete.

La activista Cristina Auerbach lo resume con una frase que se ha vuelto símbolo de denuncia: “El carbón que están sacando de la región sale rojo de sangre”, en referencia a los constantes accidentes y a las reiteradas violaciones a las normas de seguridad en las minas.

El 19 de febrero de 2006, la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, sufrió una explosión por acumulación de gas metano. Las malas condiciones de seguridad agravaron el siniestro: 65 de los 73 obreros que trabajaban ese turno quedaron atrapados bajo tierra.

Desde el año 2000 existían reportes de fallas de seguridad. En la última inspección, realizada el 12 de julio de 2004, se documentaron 43 violaciones directas a la norma de seguridad e higiene y se ordenaron 48 medidas correctivas, muchas de carácter urgente. Sin embargo, las autoridades omitieron supervisar que las fallas fueran subsanadas.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Recomendación 26/2006, determinó que servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la administración del expresidente Felipe Calderón toleraron que la empresa operara en condiciones que no garantizaban plenamente la salud y la vida de los trabajadores.

Las labores de rescate quedaron a cargo de la misma empresa responsable de la operación de la mina, Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país. Tras meses de trabajos, el 4 de abril de 2007 la compañía decidió suspender el rescate, luego de recuperar únicamente dos cuerpos, bajo el argumento de que existía riesgo para los rescatistas.

Se trata de un hecho inédito: sólo existen dos antecedentes en los que se haya negado el rescate de trabajadores atrapados en una mina —uno en 1973 y el de Pasta de Conchos— y en ambos casos la parte patronal fue Grupo México.

Las familias denunciaron que la suspensión buscaba evitar que el rescate de los cuerpos evidenciara las pésimas condiciones de trabajo y derivara en sanciones penales, económicas o incluso en el retiro de concesiones. Durante años enfrentaron, además del dolor, campañas de desprestigio y el caso fue archivado en 2007, cuando se argumentó que el rescate era técnicamente inviable.

En vísperas de que se cumplan 20 años de la tragedia, el próximo 19 de febrero, el Gobierno de México informó que mantiene el compromiso de recuperar a los 38 trabajadores que permanecen sepultados. A la fecha se han rescatado restos de 25 mineros, de un total de 63; de ellos, 23 han sido identificados y entregados de manera digna a sus familias.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detalló que las labores son coordinadas por esta dependencia en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, con acompañamiento permanente de los familiares. Los trabajos han implicado excavaciones subterráneas, apertura de lumbreras y nuevas galerías, así como tareas especializadas de ingeniería y seguridad minera.

La STPS subrayó que estas acciones han demostrado que la afirmación sostenida por gobiernos anteriores del neoliberalismo—de que el rescate era técnicamente imposible— resultó falsa.

El rescate fue instruido en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien retomó la responsabilidad del Estado frente a las víctimas y sus familias. Con ello, se reabrió un proceso que permaneció detenido durante más de una década.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado la continuidad de estas acciones hasta lograr la recuperación total de los trabajadores, así como la participación directa de las familias en cada etapa del proceso.

Además del rescate, el actual gobierno federal impulsó un proceso de reparación integral del daño. Como parte de la reparación material, se otorgaron compensaciones y se anunciaron mejoras en pensiones por viudez, orfandad e incapacidad. También se brindaron apoyos complementarios, becas educativas y atención médica.

Se entregaron viviendas nuevas y regularizadas para viudas y deudos, además de apoyos para la rehabilitación de casas existentes en Nueva Rosita y otras comunidades de la Región Carbonífera, con el objetivo de restituir condiciones de vida digna.

El rescate en Pasta de Conchos simboliza un cambio de política pública en materia laboral y de derechos humanos, una donde el Estado asume su responsabilidad histórica, coloca la dignidad de las personas trabajadoras en el centro y transforma una deuda social en un proceso de memoria, reparación y justicia.